Enredando con el poder judicial

Lo importante a destacar es que la escandalera sobre Navajas enlaza directamente con la montada antes del verano alrededor del cese de un mando de la Guardia Civil y un informe con base en recortes de periódico sobre el mismo asunto: la pretendida responsabilidad del gobierno por haber permitido la manifestación del 8M. Según habían afirmado machaconamente los mismos medios, fue la causa principal de la expansión del virus en Madrid y en toda España, algo directamente imposible y ridículo. Los alborotos mediáticos sucesivos y su concatenación en el mismo guion previo y absurdo, delatan a sus voceros, permiten descartar las casualidades y arrojan luz sobre la torticera manera en la que se pretendía derribar al «gobierno de Sánchez». También iluminan sobre algunos intereses presentes en la actual batalla política en torno al Consejo General del Poder Judicial, la cúpula de uno de los tres poderes cuyo correcto funcionamiento debe garantizar los contrapesos y controles de todo sistema democrático desde Locke y Montesquieu.

Lo cierto es que el actual Consejo del Poder Judicial, encabezado por Carlos Lesmes (ex Director General en el gobierno de Aznar) tiene caducado su mandato constitucional desde hace dos años, pero el PP se niega a renovarlo porque ejerce sin legitimidad una minoría de bloqueo. Según el siempre ponderado y equilibrado Miguel de la Quadra Salcedo, están practicando un «golpe institucional» tal como es definido en el Diccionario Jurídico de la Real Academia.

La excusa de la presencia de Podemos en el ejecutivo es antidemocrática y pueril. También es cierto que hace menos de dos años, en noviembre de 2018, PP y PSOE (los dos grupos parlamentarios alcanzan los 3/5 de la Cámara, tal y como exige la ley, sin necesidad de otros apoyos) habían alcanzado un acuerdo para la renovación, pero cuando iba a hacerse efectiva se abortó al conocerse un watsapp enviado por Ignacio Cosidó (entonces portavoz del PP en el Senado) a sus senadores.

El mensaje en versión completa, entre otras cosas explicaba: «Ha sido una jugada estupenda…ponemos un presidente excepcional (Manuel Marchena)... Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61». Marchena fue el primero en renunciar ante el enfoque extraordinariamente gárrulo y partidista que se le daba a la renovación y allí se acabó aquel intento. De la patochada de Cosidó se deducía claramente su paranoica obsesión con la Sala de lo Penal, probablemente por el rosario de asuntos pendientes que le quedaban a su partido con esa estación final (como si el actual Consejo le hubiera evitado el rosario de condenas y piezas separadas pendientes).

Todavía, en el pasado mes de julio, PSOE y PP alcanzaron un nuevo acuerdo para renovar el CGPJ. Pero, justo antes de firmarlo, Pablo Casado dio marcha atrás por las presiones de VOX y de una facción de su partido ―con Cayetana Álvarez de Toledo a la cabeza― escoltados por el sector más camorrista de los medios afines.

La visión sectaria de la judicatura no la inventó Cosidó, sino que cuenta con notorios precedentes. Entre otros, muchos años antes, Federico Trillo ―inolvidable para las familias de las víctimas del YAK-42― había presumido en un acto público de tener a varios jueces presentes calentando por la banda para su promoción. Por su parte, la insuperable M.D. Cospedal ―especialista en «contratos simulados» y «pagos en diferido»― definió a una polémica jueza como «Concha para todos nosotros» dejando clara su total vinculación política. Hay una línea de continuidad en todas esas actitudes que expresa una subcultura dentro del PP a tener en cuenta para completar el visionado de la situación.

Pablo Casado, convocó hace unos días a los cuatro exministros de justicia que ha tenido su partido para que le aportaran ideas sobre cómo enfocar la preceptiva renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta atípica reunión (por ejemplo, no ha citado a los exministros de sanidad para ilustrarse sobre cómo combatir la pandemia) radiografió la situación actual de los populares. Mientras que los exministros de Aznar (Michavila y Acebes) se mostraron partidarios de seguir bloqueando la renovación del CGPJ e incumpliendo el mandato constitucional, los exministros de Rajoy (Gallardón y Catalá) le aconsejaron el desbloqueo y argumentaron: «El PP es un partido de Gobierno, de Estado, debes negociar». Y en esa disyuntiva se encuentra Pablo Casado, con la particularidad de que, cuando pase la moción de censura de Vox, cada vez le quedará menos tiempo para decidir qué quiere ser de mayor.

El desenlace de esta situación va a marcar completamente la dinámica política inmediata en España mientras las gravísimas crisis sanitaria y económica se recrudecen sin que nadie vea claramente su final. En todo caso las enormes dificultades sobrevenidas van a requerir de la ciudadanía grandes sacrificios y ninguna maniobra de distracción. En la práctica exigirán un ambiente de unidad y un cierre de filas del conjunto de la sociedad española y de la mayoría de las fuerzas parlamentarias. Se hará necesario todo lo contrario a la crisis política permanente y artificial a la que nos vemos sometidos. Los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno han presentado una proposición de ley para forzar al PP a renovar el CGPJ que, según Pedro Sánchez, será retirada en cuanto se produzca la negociación. Esa debería ser la solución más sensata y responsable, una alternativa al encanallamiento parlamentario que cada día nos retransmiten para vergüenza de cualquier ciudadano biempensante.

En España el debate político se ha convertido en otro deleznable espectáculo televisivo para cínicos. La dinámica de polarización y el bloqueo alcanzado con el bibloquismo obtuso de la política actual (en realidad antipolítica) conducen inexorablemente a la imposibilidad de diálogo y pactos entre los principales partidos, tal y como nos tenía advertidos Santos Juliá a la luz de la experiencia parlamentaria de la IIª República: ambos bloques tienen el peligro de verse lastrados o arrastrados por sus componentes más radicales. El resultado es que las diferencias políticas que se debían negociar y transaccionar se vuelven insolubles y terminan siendo remitidas a los órganos judiciales o al Tribunal Constitucional. Los tribunales acaban viéndose politizados, incluso contra la voluntad de quienes los componen y cumpliendo funciones que no debieran. Esto redunda siempre en su descrédito ante los que ven insatisfechas sus aspiraciones. El resultado final es el desquiciamiento del sistema democrático, algo que solo le interesa a algunos actores minoritarios, pero con capacidad para condicionar el funcionamiento general en este mapa de partidos fragmentado hasta la caricatura. Por eso mismo, cumplir con la Constitución, negociar y renovar el Consejo General del Poder Judicial (y demás órganos pendientes) es la prueba del algodón para los que se definen como constitucionalistas. Como decía Ortega: «A los hechos». Todo lo demás es ruido, farfolla, palabrería vacua y videos en youtube.