Encrucijada presupuestaria y discriminación sanitaria

Los presupuestos generales del Estado para 2021 son considerados por todo el mundo una pieza clave para comenzar a salir de la grave crisis en la que nos hallamos sumidos. Ahora que se anuncian vacunas contra la covid 19 en un plazo de pocos meses, la política económica del gobierno —con la inyección extraordinaria de fondos europeos— debe actuar como locomotora de la recuperación económica. Todas las encuestas confirman que la inmensa mayoría de los españoles son partidarios de cerrar filas y aunar esfuerzos para afrontar el inmediato futuro que, en cualquier caso, no va ser nada fácil. Sin embargo, entre muchos de los representantes políticos reina el espíritu contrario. La elaboración y aprobación de los presupuestos se ha aprovechado como la ocasión para exacerbar las diferencias, agudizar la polarización y consolidar el pernicioso bibloquismo que divide a todo el país.

El PP ha visto el debate presupuestario como una nueva ocasión de acoso al Gobierno. Si no consigue los votos suficientes, Pedro Sánchez deberá dimitir y convocar elecciones anticipadas, lo último que necesita este país. Si consigue la aprobación de las cuentas gracias a votos como los de ERC y Bildu entonces será reprobado por llegar a acuerdos con socios nada recomendables del parlamento. De nada vale recordar que los votos de Bildu y ERC fueron indispensables para que las derechas tumbaran los presupuestos de 2019 y obligaran a la convocatoria de elecciones. Según su la lógica, contra Sánchez esos votos fueron perfectamente santos, a favor de Sánchez son la encarnación del mal. En definitiva se trata de poner al PSOE en una disyuntiva diabólica y para ello es necesario que Ciudadanos no juegue el papel de partido de centro al que está llamado por sentido de la responsabilidad y además por su propio interés, si Arrimadas quiere librarse de ser engullida por los mismos que echaron a Rivera del tablero político y lo convirtieron en un orate con síndrome de Estocolmo. El PP, con toda la prensa afín, se ha lanzado a una campaña para que Ciudadanos no pacte los presupuestos con el gobierno porque, otra vez más, para ellos lo prioritario no es qué presupuestos necesita España, sino tirar el gobierno o por lo menos desgastarlo, incluso en situación de pandemia.

Lo peor de la situación es que el socio minoritario del gobierno, Unidas Podemos, está en consonancia con la estrategia del PP y también trata por todos los medios de evitar un pacto con Ciudadanos. Para ello fuerza acuerdos con Bildu y ERC que resulten indigeribles por los de Arrimadas. Iglesias quiere consolidarse como socio exclusivo e indispensable del PSOE y se agarra a él como una lapa especialmente ahora que se ha quedado prácticamente sin partido en Andalucía y Madrid, sus principales canteras de votos. Para su supervivencia política personal necesita la máxima polarización y el bloquismo más irracional. Ha llegado al extremo de declarar que esos aliados puntuales pueden formar parte de «la dirección del Estado» lo que solo puede considerarse una estupidez y una provocación impropias de un vicepresidente del gobierno. Con esa estrategia proporciona argumentos y votos a la oposición, pero lo peor es que legitima por adelantado una coalición simétrica alternativa. El resultado de las dos estrategias complementarias es que el PSOE se ve en la necesidad de optar entre diferentes males con el consiguiente perjuicio para el conjunto del país, otra vez envenenado políticamente cuando menos le conviene. Pero está claro que los intereses de los españoles una vez más se supeditan a los cálculos partidistas y personales más obscenos. De consolidarse ese bibloquismo, abonado con visceralidad y resentimiento, se trataría de «un fracaso de país» como ha señalado García Page.

Por otro lado, con la pandemia como coartada, estamos asistiendo al más descarnado ejercicio de caciquismo sanitario visto en esta comunidad. Como ya escribimos aquí en junio, aprovechando que la covid-19 pasaba por Valladolid, la Junta de Castilla y León decidió dar un gigantesco salto en el centralismo sanitario: buena parte de los fondos recibidos del Estado para combatir la pandemia en toda la comunidad han sido derivados por el gobierno autonómico a abrir un nuevo hospital en Valladolid con 250 camas a las que añadieron otras 28 camas UCI más. En consecuencia los hospitales de Valladolid tendrán en total 92 y se colocarán en la ratio máxima aconsejada por el Ministerio de Sanidad (2 camas UCI por cada 10.000 habitantes). Mientras tanto los hospitales de León y Ponferrada quedarán con 40 camas UCI, muy lejos del mínimo exigido por el ministerio (1,5 camas UCI por cada 10.000 habitantes). Como a León se le privó de nuevas camas UCI en Junio, cuando ha llegado la segunda oleada han recurrido a habilitar camas de reanimación de recién operados, cerrar quirófanos, cesar al director de la Unidad de Reanimación Cardiaca, cerrar las unidades de Diagnóstico Rápido y de Corta Estancia, aplazar intervenciones o derivarlas al sector privado —aquí está otra de las claves de la maniobra— y distorsionar todavía más el funcionamiento hospitalario disparando las listas de espera. En definitiva la pandemia se ha aprovechado como pretexto para centralizar y sobredotar a Valladolid de medios materiales y personales mientras que los sanitarios leoneses se enfrentan a la situación en peores circunstancias que durante la primavera pasada.

Ahora ya resulta evidente que no se trata de una desafortunada improvisación sino de un plan conscientemente preparado a la espera de la excusa que finalmente ha brindado la pandemia. Este plan conlleva claramente la degradación de la sanidad pública en León. Así se va explicando como, con similar población y mucha menos dispersión rural, Valladolid ya contaba antes de la covid19 con 1.000 médicos más que León, según ha denunciado el propio Colegio de Médicos. A partir de ahora duplica el número de UCIs reales y habilitadas y por supuesto todavía tendrá más sanitarios (incluso trasladados contra su voluntad). El Hospital de León que cuenta con unos excelentes profesionales y con algunos servicios punteros a nivel nacional se está depauperando deliberadamente en beneficio del complejo vallisoletano y de la sanidad privada.

Lo más asombroso de este asunto es la capacidad de mucha gente en León para mirar hacia otro lado y hacer como que no se entera. Por lo visto hasta ahora, ni la pandemia los va a sacar de su postración.