Ahora todo el mundo coincide en que la despoblación es el principal problema de León tras haber perdido en los últimos diez años 40.000 habitantes o, en cifras redondas, cerca del 10% de los que tenía en 2010. Pero hasta hace pocos ... años el asunto era despachado en la Junta como una letanía más del «victimismo» leonés. Primero uvieron la excusa de la crisis económica que comenzó en 2008, después se dijo que era el resultado de la reducción y desaparición de sectores económicos tradicionales como la minería. Finalmente estamos oyendo que es un problema de todo el noroeste español y que la solución no depende de la Junta de Castilla y León sino del Estado o incluso de la Unión Europea. A esa retahíla de causas añadirán ahora también la covid. Las promesas y los planes del gobierno autonómico ya no se los creen ni en las consejerías, pero sirven para utilizar la despoblación como argumento para reclamar más fondos.
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El problema es mucho mayor que el reflejado por los datos cuantitativos. La pérdida de una generación entera de jóvenes ―en su mayoría altamente preparados en nuestra universidad― representa una pérdida cualitativa que nos está empobreciendo drásticamente en los ámbitos profesional, empresarial, académico y cultural. La caída de calidad en el capital humano, el principal recurso de una sociedad, es ya ostensible porque muchos de los jóvenes emigrados deberían estar tomando el relevo de las anteriores generaciones y garantizando el progreso continuado. En cambio su marcha solo garantiza el estancamiento y el retroceso. El efecto se agravará en pocos años cuando no existan en León los niños que habrían tenido los que se fueron y, en consecuencia, comiencen a sobrar aulas y profesores, habitaciones de hospital y personal sanitario. Entonces, si antes no se invierte la tendencia, se producirá otra brusca inflexión en la pérdida de capital humano cualificado que podría hacer irremediable la situación.
No es verdad que, según nos quieren vender, el declive poblacional sea inevitable como los fenómenos atmosféricos. En primer lugar porque la pérdida de población no es uniforme en toda Castilla y León. Hay un provincia que ha seguido creciendo (Valladolid) y otras que sufren mucho menos la despoblación en comparación con Zamora y León, las más perjudicadas. Algo tendrán que ver en esta debacle las políticas de la Junta autonómica durante 37 años. Ya sabemos que a las orillas del Pisuerga los éxitos tienen mil padres y los fracasos son huérfanos, pero sin la menor duda la despoblación es el mayor fracaso de la comunidad autónoma. Todas las causas ya mencionadas son reales pero sobre todas ellas debe añadirse una estructural: el fiasco continuado de la acción política. La falta de oportunidades para los jóvenes en León no puede aceptarse como el resultado de un juego de azar. Algo tendrá que ver una planificación consciente que arranca con las Directrices de Ordenación del Territorio del año 2000. Tan demencial estrategia nunca se llegó a aprobar formalmente ante el escándalo que suscitó su planteamiento. Pero también es cierto que, con muchas connivencias, las directrices se han estado aplicando inexorablemente durante los últimos 20 años mediante planes sectoriales industriales, logísticos y de comunicaciones, y sobre todo con los presupuestos que año tras año ejecuta el gobierno autonómico. El desarrollo económico se concentró deliberadamente en el eje Valladolid-Burgos y los demás quedaban al albur de lo que pudiera sobrevenir sin perjudicar a esa diagonal. El resultado es el que estamos viendo y lo extraño sería que fuera otro.
Hace dos semanas la Junta de Castilla y León presentó los presupuestos para 2021 con 12.291,4 millones en total. Como todos los años, los publicitarios de las cuentas han exhibido a León como la provincia con mayor dotación con 1.289,74 millones de los números «provincializados». Se trata del habitual juego de trileros desde los tiempos del consejero Villanueva ya que solo están provincializados el 56,5 de los presupuestos y del 43,5 restante no se sabe ahora dónde caerán los premios de esa oscura lotería. Aunque en realidad sí se sabe porque vienen cayendo en el mismo sitio siempre y con diferentes motivos. Ya sabemos que, entre otros capítulos, no están provincializados los costes y las inversiones de las instituciones de la comunidad (99% en Valladolid). Evitan su conocimiento para ahorrarnos muchos escándalos y disgustos que podrían perjudicar nuestra salud. Pero no son solo las instituciones autonómicas las no provincializadas, también muchas inversiones se ocultan intencionadamente. Recientemente hemos tenido un ejemplo de manual: ¿Dónde se había deliberado y aprobado la necesidad de un hospital regional de pandemias? ¿Cómo fué posible que estuviera acabada en junio la obra civil del ahora llamado Hospital de La Rondilla sin haber oído hablar antes de un nuevo hospital con 250 camas en Valladolid? ¿Cómo se preparó para ser dotado con equipos y personal (voluntario o forzoso) cuando hubiera un pretexto como la pandemia? Pues porque se hace con cargo a presupuestos no provincializados, dentro de una administración paralela y de la manera más deliberadamente opaca. Siempre en beneficio de las «élites extractivas» que pueblan y pululan alrededor del gobierno autonómico. Los casos de corrupción como la perla negra y la trama eólica solo fueron posibles dentro de esa opacidad sistémica que lo cubre todo, y deben ser considerados como máximos emblemas de una forma habitual de administrar.
Ya se sabe que la realidad es más tozuda que la propaganda. Que unos presupuestos falsarios adornan momentáneamente las expectativas pero sus verdaderos efectos los percibimos irremediablemente en años siguientes. Así se explica la despoblación: con una planificación en la que año tras año se concentra la inversión y el gasto en «la Rótula de Conexión del Norte de España» como pomposamente denominaban a Valladolid las directrices del año 2000 en la primera página del documento estratégico. Ese era el punto de partida del planteamiento y así se ha llegado hasta aquí, fabricando un desierto alrededor de la rótula.
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