¿Dónde dejaron aparcado el interés general?

Sin embargo algunos partidos políticos olvidaron qué se votaba y quienes eran los beneficiarios. Los independentistas catalanes porque, en su conocido comportamiento de lunáticos (y contra toda evidencia) consideran los daños al estado español como beneficiosos para Cataluña. El PP porque está obsesionado con lesionar al gobierno aunque ello perjudique a todos los españoles. En los días siguientes a la votación, destacados voceros mediáticos del PP reprocharon vivamente a Vox que se hubiera abstenido (¡para una vez que acierta!). No se registra otro caso igual de comportamiento obstruccionista como oposición en todo la Unión Europea. Esta tradición en el PP viene desde los tiempos de Aznar. En la cultura política europea los partidos que se alternan en el gobierno tienen consensuado el acervo básico del interés general del estado, de manera que no todo vale para hacer oposición. Sin embargo el PP actual ha seguido el ejemplo del Partido Republicano norteamericano que ya sabemos dónde ha llegado: a Trump y al asalto del Congreso. Según relata B. Obama en sus memorias, la derecha norteamericana inauguró «la estrategia de tierra quemada» en los años 90 del siglo pasado, cuando Gingrich practicaba la caza implacable y fracasada de Bill Clinton. Al mismo tiempo, en España, Aznar hacía otro tanto con el último gobierno de Felipe González rompiendo todos los consensos en asuntos de interés general. Ahora bien, en cuanto alcanzó el gobierno (Pacto del Majestic mediante) quiso que fuera de interés general hasta el fútbol. No vamos a recordar demasiado las flatulencias de Cascos para expropiar derechos televisivos o amenazar y perseguir a empresarios de prensa independientes como Jesús Polanco y Antonio Asensio con la indecente complicidad de otros periodistas. Las auténticas afinidades se manifestaron con toda su crudeza cuando las derechas alemana y francesa estuvieron en contra de la IIª Guerra de Irak mientras el PP la apoyó.

En el presente el PP ha intentado boicotear por todos los medios la obtención de los fondos europeos para la reconstrucción, y ahora también votó en contra del reglamento de aplicación. Simultáneamente las comunidades que gobierna los reclaman urgentemente con desfachatez. Las derechas llevan un año de campaña permanente, especialmente en el Parlamento Europeo (donde además no procede esa actividad), presentado informes calumniosos. Para criticar al gobierno presentan a España como una dictadura socialcomunista y bolivariana que no respeta la división de poderes y en la que se practican todos las depravaciones. A continuación sus mariachis mediáticos nos retransmiten que en Bruxelas se han oído esas diatribas, aunque es sabido que en las sedes de la UE están hartos de los esparavanes que en la práctica le hacen el juego a Puigdemont y a los otros prófugos del procés.

Para todos los partidos representativos y con aspiraciones de alcanzar o participar en el gobierno también debería ser de interés general la buena imagen externa de España. Es algo que no se puede esperar de los nacionalistas periféricos porque buena parte de su sustrato ideológico se basa en falacias étnicas, históricas o económicas para aglutinar sentimentalmente a sus bases. La buena imagen y prestigio de nuestro país es determinante para la influencia política y económica. De ello depende desde el número de turistas que recibimos a las ventas de nuestros productos en otros mercados (especialmente los culturales), pasando por la prima de riesgo y, por supuesto, los fondos europeos, por citar algunos ejemplos. A pesar de ello, durante todo 2020, las derechas han estado presentando una imagen deplorable de la democracia española dentro y fuera de nuestro país.

Ahora bien, todos los esfuerzos para desprestigiar en el exterior al gobierno y la vida democrática española (últimamente se han sumado Rusia y el desnortado Pablo Iglesias) han sido inútiles y ridículos. Precisamente la pasada semana, The Economist ha publicado su prestigioso índice anual de calidad democrática (democracy-index-2020.pdf (eiu.com)). España sigue apareciendo entre los 23 países con «democracias plenas», la primera división de la clasificación; después están las democracias defectuosas, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios. Para hacerse una idea de la exigencia del análisis, países como Estado Unidos, Francia o Italia se encuentran entre las democracias defectuosas, la segunda categoría en calidad democrática. El acreditado análisis de The Economist se basa en cinco criterios: participación política, funcionamiento del Gobierno, procesos electorales y pluralismo, cultura política democrática y libertades civiles. Sus resultados coinciden básicamente con la clasificación de la ONU, aunque ésta incluye además otros elementos de análisis (educación, sanidad y bienestar social) y ambos reputados índices están normalmente encabezados por las monarquías parlamentarias del norte de Europa.

Cuando The Economist sigue considerando en 2020 a España una democracia plena, quedan desenmascaradas las tesis patológicas de los independentistas catalanes y el trastorno moral de las derechas españolas que optaron por despreciar los hechos y confundir la realidad con sus deseos. Olvidar el interés general del país es siempre injustificable pero mucho más en una situación de pandemia con crisis económica y social sobrevenidas como las que estamos padeciendo.

En el caso del PP es además el resultado de una concepción nacionalista patrimonial según la cuál España es un desastre excepto si la gobiernan ellos. Cristóbal Montoro (ministro con Aznar y con Rajoy) expresó esta ideología con claridad en 2010: «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros«. Así siguen: el interés general solo existe si coincide con el suyo particular.