«Da-divismo» presidencial

Y es que el recientísimo Real Decreto-Ley por el que  se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma y que, con buen criterio, seguramente no van leer, contiene una serie de medidas que, de una u otra forma, nos afectan a todos.

Antes de entrar en eso, llama poderosamente la atención el batiburrillo que identifica esta norma que- al menos para mí, que soy malpensada- busca claramente una especie de exculpación de todo lo que está pasando.

Hubiera sido más concreto titular el Decreto-Ley algo así como: ¿Pero qué culpa tengo yo de nada? y nos habríamos ahorrado ese exagerado enunciado que apunta una vez mas a una ideologización de la normativa a la que este Gobierno nos tiene tan acostumbrados.

Un Gobierno que, gracias a estas medidas urgentes, se empeña en aparecer como el salvador incuestionable de los sectores vulnerables, de los ciudadanos y de las empresas de este país, sometidos a tensiones inflacionistas que son culpa de todo quisque menos del propio Ejecutivo cuyas decisiones erráticas nada tienen que ver, por supuesto, con lo que nos está pasando.

Pues bien, como decía, esta norma tiene medidas que nos afectan a todos. Para algunos porque según el Presidente Sánchez y sus adláteres, se convierten en una suerte de panacea; para otros- todos, diría yo- porque somos los «paganinis» presentes y futuros (sobre todo futuros) de tanto despilfarro sin sentido. Comienza a parecer más a una huida hacia delante que el ejemplo del buen gobierno y la adecuada gestión de lo público que los ciudadanos tienen derecho a esperar de cualquier Poder Ejecutivo responsable.

Por si no son conscientes, les desgloso algunas de las medidas estrella de este Real Decreto, en concreto las de carácter fiscal, que se publicitan a bombo y platillo por nuestro Ejecutivo porque, supongo, imagina que con ello es capaz de reconducir el batacazo de Andalucía, atrayendo el voto ciudadano a su redil. Veremos.

La primera es la ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados que según ellos beneficiará a 2,7 millones personas e incrementará su renta en 540 millones (la de todos en conjunto, no la de cada uno) y que hay que solicitar expresamente a la AEAT (lo que resulta bastante desincentivador).

El problema de este cheque selectivo es que, además de ser cuantía irrisoria para la que está cayendo (prueben a dividir 200 euros entre 12 meses, que no llega ni a 17 euros al mes por familia) y que da prácticamente para un melón mensual, que diría el Diputado Rufián.

Además, para cobrarlo se exige que los beneficiarios residan en hogares en los que la suma de rentas de los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021, con un patrimonio o descontando la vivienda habitual que no supere los 43.196,4 euros, a lo que se añade que se la exclusión de quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, por lo que veremos en cuanto se quedan esos 2,7 millones.

Eso sí, tranquilos, que para los colectivos excluidos se contemplan otras medidas igual de efectivas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas que, recuerda Moncloa, implica incrementos anuales superiores a los 200 euros (melón y medio).

Si se trata de pensiones contributivas, el Gobierno dice que ya les garantiza el incremento en línea con la inflación por lo que no cabe merma de su poder adquisitivo (me ahorro el comentario).

Si esto les sabe a poco y, por cierto, como venía reclamando la oposición hace bastante tiempo, el Decreto-Ley rebaja el IVA de la luz del 10% al 5%, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2022. Es importante aclarar que la Unión Europea ya permitía este tipo superreducido de IVA desde abril, aunque, también es verdad, más vale tarde que nunca. Esta medida sumada a que, también hasta diciembre, se mantiene la rebaja del impuesto especial de la electricidad y la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica, podría promover la compra de otro melón mensual por los 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, además de los consumidores vulnerables que, en opinión del Gobierno, se verán beneficiados.

Y no se les ocurra quejarse porque este mismo Decreto-ley prorroga la rebaja del IVA al 4% de las mascarillas quirúrgicas desechables hasta diciembre de 2022, si sí, ese que según la Ministra Montero, cuando los españoles las comprábamos a centenares, no se podía bajar de ninguna forma aunque luego resultó que sí; aunque compren pocas o ninguna, ahora sí que están baratas.

Como esta columna no da para mucho más, déjenme que les hable de la prórroga de la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible que empezó a (mal)funcionar el 1 de abril y que, aunque terminaba en junio, se mantiene ahora hasta final de año.

Con los combustibles cada vez más caros, y sin que la tendencia se haya revertido en forma alguna, parece que la bonificación que ahora se prorroga, que hace perder al Erario público de aquí a diciembre más de 4000 millones de euros, no está funcionando adecuadamente; y mucho menos sirve para abaratar a los sufridos conductores el precio de llenar el depósito que se ha duplicado (y hasta más) de unos meses para acá.

Claro que con la reducción del abono transporte, que aunque vende le Ejecutivo estatal han de implementar en gran parte las Comunidades Autónomas- el consabido «yo invito, tu pagas»- con no coger el coche listo, que así se fomenta el transporte público pero no todo ni para todos, que en León la bajada de los billetes del AVE ni está ni se le espera.

Y por si no lo tenían claro esta juerga se financiará con una deuda pública absolutamente disparada y que no deja de incrementarse que, ahora sí, la pagaremos, y cada vez más cara, entre todos.