Carrera académica

Quiero hoy poner el acento, precisamente en esos Centros públicos y, en particular, en las Universidades públicas, donde miles de investigadores en las distintas ramas del conocimiento desarrollan una labor plagada de esfuerzo y dedicación que raramente trasciende y que supone muchos años de trabajo, -toda una vida, diría yo- aunque, a mi juicio, no está suficientemente reconocido desde lo público.

Me explico. Las dos últimas décadas resulta endémica la precariedad a la que se enfrentan los profesores e investigadores más jóvenes-los llamados a rejuvenecer nuestras plantillas-, precariedad del trabajo académico que solo se sortea con las férreas vocaciones que, en mi opinión, no deberían suplir la voluntad política de apuntalar uno de los grandes pilares de nuestra sociedad: el que atesora el saber y el conocimiento del que se nutren las generaciones venideras.

Por eso es impresentable el actual diseño de la vida académica cuya inseguridad acaba dañando de forma irreparable a la Institución universitaria y, peor todavía, a las personas que hacen de la Universidad una apuesta de vida por convicción y por vocación.

Personas plagadas de talento, dedicación e ilusión a las que el actual sistema maltrata claramente por no ofrecerles lo que resulta de justicia por el esfuerzo empleado y por los logros alcanzados que reconocimos el pasado día 26 de abril, con la imposición de su insignia de doctor, a muchos de ellos.

A nuestros jóvenes investigadores y científicos habría que garantizarles, por su acertada elección, una carrera académica digna, que no esté al albur de las decisiones que toman los políticos de turno a los que, normalmente, poco les interesan- y menos les importan- las necesidades a las que se enfrentan nuestras Universidades, que se ven en la obligación de sortear esta falta de compromiso con figuras contractuales mal remuneradas que no garantizan el porvenir y el futuro deseable y, mucho menos, el desarrollo de una Universidad de calidad y excelencia en docencia y en investigación como la que queremos.

Hay que pedir bien alto, como lo hizo el Rector en la celebración de nuestro Patrón, San Isidoro, que el Estado y la Comunidad autónoma se involucren mucho más para resolver un problema que, por desgracia, no es coyuntural y que solo podrá revertirse con medidas efectivas que ataquen la inseguridad y precariedad de la carrera académica.

Y es que para preservar una Universidad pública de calidad debemos ofrecer a nuestros jóvenes universitarios, tan vulnerables ahora, un futuro digno y pleno, con políticas adecuadas y medidas urgentes que redunden en la estabilidad del empleo y en el diseño de las perspectivas de carrera académica que, estoy segura, tendrán un efecto muy positivo tanto para ellos como para la investigación y docencia que desarrollan lo que, en última instancia, resultará provechoso tanto para Universidad como para la Sociedad.

Cierto es que en los últimos cinco años la Universidad de León ha hecho un gran esfuerzo intentando consolidar a quienes han emprendido el tortuoso camino de la vida académica, apostando claramente por la incorporación a nuestra plantilla de profesores e investigadores jóvenes y bien preparados que son el orgullo de todos nosotros. En este mandato rectoral hemos visto con satisfacción cómo nuestros becarios predoctorales han ido encontrando acomodo en plazas de ayudantes, ayudantes doctores o contratados doctores- todo un logro- en este viaje que exige demasiados años para la estabilización definitiva.

De ahí que nuestro Rector, al que me sumo, clamase en su discurso el día de nuestra Fiesta por la aprobación definitiva de la modificación de  Ley de la Ciencia, con la que se acote, de una vez por todas, la situación de incertidumbre y de inestabilidad que en estos momentos afecta a la carrera científica, dignificando las condiciones a las que ahora se enfrentan nuestros jóvenes investigadores atajando la temporalidad a la que se les somete y paliando así el envejecimiento de las plantillas de nuestras Universidades.

Para ello se diseña un nuevo itinerario posdoctoral que reduce la edad de entrada en el sistema y facilita una incorporación estable a la carrera científica en sus fases iniciales con un nuevo contrato indefinido para el personal de investigación técnico y para el vinculado a los grupos de investigación que hasta la fecha depende de contratos de obra y servicio sin ningún tipo de estabilidad. Asimismo, se les da derecho a una indemnización al finalizar la relación laboral, tanto a los contratados predoctorales como postdoctorales, lo que, y aunque pueda sorprender, no está ocurriendo ahora.

A lo anterior se añade, además, la más que previsible aprobación de una nueva Ley Orgánica de Universidades en esta legislatura ante la necesidad perentoria de que actualizar la actual de 2001 y reformular la actual carrera profesional que, en el diseño actual, tiene muchos visos de mejora por el bien de todos y, en particular, por el de nuestros jóvenes académicos; eso sí, confiamos en que se logre aprobar con el suficiente consenso de voluntades que garantice que el cambio normativo suponga una mejora para nuestras Universidades y, muy en especial, para la nuestra, que, esperemos, el próximo San Isidoro pueda celebrarla.