El síndrome del pato cojo

Además de otros posibles condicionantes como la huida hacia adelante, o la apuesta personal de quien se ha sentido herido en lo más profundo de su ego habiendo sido el que tomó las riendas de la pasada campaña electoral; o de un golpe de estrategia pillando a media peña de vacaciones, contando con que los suyos no le abandonarán en tan último y definitivo trance, no creo que el audaz, o más bien temerario, golpe de efecto de don Pedro el de La Moncloa se trate solo y exclusivamente de algo parecido al síndrome del pato cojo, es decir, no poder soportar hasta diciembre tener que cargar con la marca de quien se está desangrando, como él mismo confesó al comité ejecutivo de su partido. Y todos amén, que no está el horno para bollos.

Para colmo, algunos dicen que ahora que están RIP, va el forense Vara y dice que se piensa, que quizá, que a lo peor abandona su puesto; ahora, haciéndoles la falta que les puede hacer un forense si los electores les terminan certificando cadáver.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez estaba cantado más pronto que tarde, sea cual fuere el resultado de las elecciones municipales y autonómicas.

Puede que la debacle lo haya precipitado –si por tal se considera una pérdida de 388.000 votos y una diferencia de algo más de 760.000 frente al adversario principal–, pero resulta imprescindible la elección de un nuevo gobierno antes de fin de año. ¿Por qué? Porque la catastrófica situación económica del país, con una deuda del 113 % del PIB, no permite que el gobierno actual se enfrente, para no perder votos, a una nueva tanda de subidas de sueldos públicos y pensiones conforme al IPC como ha ocurrido este año.

Que sea un nuevo ejecutivo, desprovisto de exámenes electorales en el cercano horizonte, el que se encargue del hachazo fiscal que se avecina a fin de cumplir con las directrices de la Comisión Europea del pasado 8 de marzo, que hablan de retornar a las reglas fiscales que imperaban antes de la pandemia, es decir, a la senda del límite del 3% sobre el PIB para el déficit de las administraciones públicas y al 60% de deuda pública en 2026. Y, a pesar de que se haya establecido que se tratará de algo gradual y adecuado a la realidad económica de cada país miembro, como actualmente el descubierto está en el 4,5%, se hace necesario un ajuste de más de 9.300 millones en 2024.

Así pues, el próximo consejo de ministros salido de las urnas el 23 de julio, tendrá tiempo suficiente, a partir de septiembre, para elaborar los próximos PGE (Presupuestos Generales del Estado) y sacudir estopa a diestro y siniestro. ¡Se acabó la fiesta! Ahora hay que pagarla.

Atémonos los machos, pues, que la que se avecina cortará en seco las alegres ayudas que, quien más quien menos, hemos disfrutado; unos en forma de subvenciones «para todo», otros de alzas estratosféricas de sueldos o pensiones (8,5 %, ¡dónde vamos a parar!). ¡Ah! Que había subido muchísimo la vida. Pues a apañarse. Menos alterne, «coman conejo», como decía Zapatero, y los cafés en casa, que por 1,30 pavos dan diez sobres en el súper. Y para socializar sobran las ventanas, que ya tenemos experiencia.

Y respecto a la política municipal, una cosa es aceptar de boquilla que gobierne la lista más votada cuando puede ser la tuya y otra hacerlo cuando es la del adversario. Así que, a esperar que la UPL corte el bacalao, porque del dicho al hecho, ya se sabe.

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