Al pie del cañón

El sector alimentario no es ajeno a las turbulencias y la atmósfera actual recuerda a la calima de estos últimos días, enrarecida y casi irrespirable. El medio rural sigue sufriendo la crisis y exterioriza su descontento con protestas y movilizaciones por la «brutal subida de costes», reivindicaciones que nunca caerán por nuestra parte en saco roto. Los transportistas recurren a la huelga para hacer valer sus pretensiones poniendo en peligro la cadena de suministro alimentaria. A su vez, con una inflación del 7,6% en febrero y previsión del 8%, el ciudadano sufre una pérdida de poder adquisitivo, con una percepción además del consumidor español de que los precios han subido muy por encima de lo que realmente lo han hecho. El Gobierno trabajando contra reloj para flexibilizar el precio de la energía... Y en medio de este escenario incierto, ¿qué pasa con las industrias transformadoras?

Quizás sea necesario recordar nuestro papel durante la pandemia con nuestros trabajadores a pie de fábricas y de almacenes para asegurar alimentos de primera necesidad. O favoreciendo significativamente el crecimiento de las áreas rurales menos pobladas en términos de empleo, atracción de inversiones, contribución a las arcas públicas, mantenimiento de infraestructuras y servicios o reclamo gastronómico y gestión sostenible.

Muchas empresas de alimentación y bebidas están altamente comprometidas con la situación en el campo. Pero no siempre se conoce que las demandas que estamos intentando satisfacer para lograr una retribución justa de agricultores y ganaderos también repercuten en nuestra estructura de costes, en el caso de la venta de leche con unos márgenes muy escasos para los fabricantes. Unos costes ascendentes, que no se detienen en el eslabón primario y que en los siguientes escalones de la transformación alimentaria se están viendo sometidos una espiral nunca vista.

La disponibilidad de suministros permanece bajo mínimos y, consecuentemente, los precios de muchas materias primas necesarias para nuestra industria se incrementan exponencialmente. Sin olvidar la factura energética de las plantas e instalaciones que continúa por las nubes debido al precio de la electricidad vinculada al precio del gas. Los departamentos de operaciones, compras y aprovisionamientos llevan casi dos años trabajando en el alambre para asegurar entregas con los proveedores y salvaguardar la cadena alimentaria.

No se trata de gritar más fuerte que los demás o adentrarse en una dinámica de victimismo irresponsable, pero sí de valorar y reconocer en su justa medida el esfuerzo y la responsabilidad de la industria alimentaria por ofrecer diariamente alimentos de calidad y seguros a los españoles a pesar de las dificultades y sin que se perciban fisuras en nuestra compleja cadena de suministro. También hablamos de buscar alternativas que ayuden a capear el temporal con el menor daño posible. La Encuesta sobre la Actividad Económica del Banco de España indica que «tres cuartas partes de las empresas tienen que asumir un aumento de los costes como consecuencia del encarecimiento de los consumos intermedios, pero solo un 30% de ellas aumentaron el precio de venta de sus productos». El tejido empresarial también está haciendo todo lo posible para reducir la espiral inflacionista y su esfuerzo no siempre es reconocido.

Instamos al Gobierno a acelerar las medidas y los planes para paliar los efectos de la nueva crisis, estudiando medidas para hacer más asequible la luz, el gas y los carburantes, valorando ayudas y rebajas fiscales, buscando mercados alternativos de grano, aceite y cereales. Más a largo plazo necesitamos cambiar la estrategia de la UE para reducir la dependencia energética o del aprovisionamiento de materias primas básicas para nuestra industria. Mientras tanto hay que transigir y pactar. No tenemos todas las respuestas, pero sí la voluntad de seguir buscándolas. La industria alimentaria seguirá al pie del cañón, pase lo que pase.