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Bulos: ¿barra libre?

La veracidad de la información que llega a los ciudadanos se ha convertido en un problema fundamental para las democracias, pues también en Europa se están produciendo fenómenos de intoxicación política

Miércoles, 9 de septiembre 2020, 09:49

Todo el mundo sabe que las redes sociales se han convertido en el medio privilegiado para la siembra de bulos y calumnias a una escala y una velocidad nunca conocidas. Los difusores de los bulos se amparan en la impunidad del anonimato que las empresas propietarias de las redes fomentan porque forma parte esencial de su negocio, hasta el punto de que se ha convertido en tópico referirse a facebook como un muladar.

Es bien conocido que las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas fueron un gran experimento de desinformación (deberíamos decir intoxicación) concentrado en «estados clave» esenciales para que Trump fuera proclamado presidente, a pesar de haber obtenido menos votos populares que Hillary Clinton.

En realidad el gran perdedor fue el pueblo norteamericano como no ha dejado de comprobarse en estos cuatro años. El infame Donald Trump —que ya había hecho la campaña electoral más facinerosa de la historia de los USA y es un usuario adicto a twiter— no tardó en elaborar el concepto de «verdades alternativas» para resignificar las mentiras en las que habitualmente se apoyan sus decisiones. El Washington Post llevaba contabilizadas hasta el pasado 9 de julio 20.000 afirmaciones falsas o engañosas desde que Trump tomó posesión como presidente, un promedio de 14,6 declaraciones falsas por día. Lo más terrible es que en medio de este maremágnum de falsedades todavía tiene posibilidades de ser relegido.

La veracidad de la información que llega a los ciudadanos se ha convertido en un problema fundamental para las democracias, pues también en Europa se están produciendo fenómenos de intoxicación política. El que llevó a cabo Orban en Hungría, alertando a la población de un inexistente peligro de invasión por refugiados sirios, constituye solamente un ejemplo. Pero muy significativo, porque el asunto le sirvió para sembrar más nacionalismo y acaparar más poder en detrimento del parlamento.

En estas circunstancias, con la falsedad como protagonista de la vida política en algunas democracias (en las dictaduras lo es por definición), se ha producido una notoria y muy llamativa resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una denuncia de Unidas Podemos. En ella se considera aceptable la difusión de imágenes falsas, durante lo más duro de la pandemia, con ataúdes de Lampedusa (Italia) o bolsas de cadáveres de un hospital en Guayaquil (Ecuador) que se hacían pasar por situaciones españolas, rotuladas con etiquetas PSOE. Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional se trata de un ejercicio legítimo de crítica al Gobierno, amparado por la libertad de expresión. Los autores de las falsas noticias enviadas masivamente por whatsapp se ocultaban tras el perfil de twiter @palcampomevoy. Resulta evidente que, además de los denunciantes, de los denunciados y del Gobierno, en el asunto existen otros afectados más importantes: los ciudadanos, que tienen derecho a recibir una información veraz y a no ser intoxicados deliberadamente con «verdades alternativas».

Muchas grandes polémicas jurídicas son el resultado de la colisión de dos o más derechos fundamentales, todos ellos dignos de la máxima protección, pero a veces no compatibles en situaciones concretas, o por lo menos (como en este caso) necesitados de establecer una prelación entre los mismos. Por lo mismo resulta inevitable traer a colación la famosa sentencia del juez norteamericano Holmes en la que expresaba: «la libertad de expresión no protegería a un hombre que gritara ¡fuego! para provocar el pánico en un teatro abarrotado de gente». En el grave asunto que nos ocupa sería pertinente preguntar: ¿los que se ocultaban tras @palcampomevoy tenían intención de sembrar el pánico en Madrid y otras grandes ciudades con las imágenes falsas?, ¿tenían intención de provocar una desbandada desde las ciudades hacia los pueblos e incitar la desobediencia al confinamiento decretado bajo el estado de alarma?, ¿debería haber investigado estos extremos la Fiscalía de la Audiencia Nacional?. En una situación de pandemia ¿hay derechos fundamentales superiores a la protección de la vida de muchas personas?

Durante algún tiempo en España nos creímos libres de la prensa amarilla que adulteraba o enturbiaba todos los debates en otros países, confundiendo información con opinión y siempre en nombre de la libertad de expresión. Finalmente no solo aparecieron también en España ese tipo de medios, sino que las redes sociales nos han igualado a todos los países por abajo para hundir la calidad de la información y la credibilidad de los buenos periodistas. Solo así se explica la existencia de manifestaciones de negacionistas de la COVID-29 en Alemania, en Estados Unidos o en la plaza de Colón. Así se explica también la indisciplina social española contra las medidas antivirus.

Esta indisciplina social es una de las causas principales del fuerte rebrote de contagiados en nuestro país antes de comenzar el otoño, y deberíamos preguntarnos si tendrá algo que ver con el circo político y mediático montado contra el confinamiento y el estado de alarma durante la primera oleada. Los mensajes de @palcampomevoy son solo una anécdota paradigmática de aquél ambiente que nos ha traído hasta este presente. Aunque ahora nadie se responsabilice públicamente del grotesco y nocivo espectáculo al que asistimos en primavera.

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