Del bloqueo al trágala

Esta percepción de la realidad (agravada por los agitadores de la antipolítica) encuentra una primera explicación en el clima de crispación y polarización que vienen desarrollando los partidos políticos de derechas y los medios de comunicación afines contra el legítimo gobierno de coalición de izquierdas, desde que este se constituyó democráticamente.

Pasados los momentos más dramáticos del último año y medio, la campaña de bloqueo y desmoralización ha tomado otros derroteros, a veces patéticos. De nada sirve que España presente la segunda mejor cifra de vacunación de la población diana (88,9%), solo por detrás de Portugal. Tampoco es motivo de confianza que nuestro país vaya a recibir la segunda mayor cifra de fondos europeos (140.000 M€) solo por detrás de Italia. No es digno de consideración que durante el mes pasado, por fin, hayamos alcanzado la cifra de empleos que había en 2008 (20 millones según la EPA) y la mayor cifra histórica de afiliados a la Seguridad Social (19,6 millones). Pese a todo lo anterior, Pablo Casado con su insolvencia habitual ha declarado solemnemente que «España está en quiebra». Una aseveración que han tomado a pitorreo banqueros españoles y organismos internacionales, ya que el Gobierno apenas se ha molestado en contestarla. Ahora bien, semejante majadería delata su íntimo deseo y su mayor esperanza política: obstruir como sea la recuperación económica anunciada, uno de cuyos pilares debe ser el relanzamiento del consumo interno. La campaña orquestada para inducir la depresión consiste en exacerbar el miedo a una «inflación desbocada» aprovechando el desmadre de las eléctricas o la escasez puntual de productos concretos originada en el parón industrial por los confinamientos en todo el mundo. Ahora también toca huelga de transportistas en fechas navideñas que redundará en el mismo sentido. Una de las insidias recurrentes es la «insostenibilidad del sistema público de pensiones» para lo que permanentemente se oponen a cualquier incremento puntual de las cotizaciones que lo hagan sostenible, intentando provocar el efecto de la «profecía autocumplida». El mayor disparate de las actuales campañas atemorizantes ha sido la intoxicación masiva sobre el «gran apagón» que estaría a punto de producirse, lo que ha servido para aliviar la presión contra los beneficios del oligopolio eléctrico y para que se vendan toda clase de utensilios a gas a quien no los necesita.

Siguiendo con los motivos de preocupación que se ponen de manifiesto en el Barómetro del CIS del mes de octubre, se podría inferir que muchos españoles valoran una propuesta política a partir de si responde a los intereses de todos, a los del partido autor o tan solo se presenta para crear problemas al gobierno. En el caso de la necesaria renovación del Tribunal Constitucional es difícil entender a qué responde la propuesta de los dos miembros propuestos por el PP: la del inclasificable Arnaldo y la de «Concha para todos nosotros» según Cospedal. Semejantes candidatos solo pueden entenderse como una provocación con mala fe y la secreta esperanza de que no fueran aceptados por el PSOE. Así seguirían bloqueadas todas las renovaciones pendientes, incluido el CGPJ. Son tan nefastas esas propuestas que ofenden la memoria de anteriores miembros del Tribunal Constitucional como García Pelayo, Tomás y Valiente, Rubio Llorente, etc., también propuestos y consensuados en su día por los grupos mayoritarios de las cámaras. Esto ocurría cuando el espíritu constitucional se practicaba con discreción y no era mera propaganda arrojadiza. De aquellos miembros se podía presumir su absoluta independencia política y su competencia técnica aunque hubieran sido propuestos y consensuados por los partidos políticos. No es, por tanto, el sistema de elección lo que vicia tal composición y funcionamiento sino la malicia inconstitucional y torticera con la que opera el actual PP. Escudarse en el sistema de elección o en que todos los partidos son iguales es la forma perfecta para blanquear el comportamiento del PP de forma absolutamente desleal con el espíritu constitucional.

El Tribunal Constitucional es un órgano clave de nuestro sistema que tiene la extraordinaria facultad de invalidar disposiciones legales de unas cámaras legislativas elegidas por sufragio universal o de un gobierno igualmente democrático sostenido por una mayoría parlamentaria. Se trata de unas facultades tan decisivas que solo deben ser ejercidas desde la máxima competencia, prudencia y credibilidad jurídicas, en línea con el acervo acumulado tras cuarenta y tres años de vigencia de la Constitución.

En estos momentos tenemos un Tribunal Constitucional con un prestigio tristemente devaluado porque una exigua mayoría del mismo se ha empecinado en contradecir al Gobierno, a la mayoría del Congreso y a ilustres maestros del derecho. Esta mayoría raspada rompe con la tradición de consensuar resoluciones por amplias mayorías que difuminaban cualquier sombra partidista. Detrás de esa ruptura se adivina la tentación de convertir al TC en una tercera cámara, de forma que quienes no han obtenido la mayoría en las urnas dispongan de otra instancia de oposición o de bloqueo Tras sus últimas resoluciones, España será el único país de Europa que exigirá el estado de excepción (en lugar del estado de alarma) para unos confinamientos iguales que los decretados en todos nuestros países vecinos y que además sirvieron para frenar eficazmente la pandemia. A partir de las nuevas incorporaciones al TC esta sospechosa deriva solo puede ir a peor, con el consiguiente deterioro de nuestra calidad democrática.

Ciertamente, fuera de los ambientes especializados, puede resultar difícil asegurar la «reconocida competencia» o prestigio de una persona para ser miembro del Tribunal Constitucional, tal como prescribe la Constitución. Pero no hace falta estar especializado en el mundo jurídico para distinguir el reconocido desprestigio público o el sesgo descaradamente partidario que invalida éticamente una candidatura y deja en evidencia la catadura moral del autor de la propuesta.