De las asechanzas actuales al concejo leonés

El bien común es y ha sido siempre la aspiración máxima de nuestros concejos, bien común inspirado en la acendrada fe cristiana de nuestros antepasados. La vida de nuestros abuelos estaba presidida por el derecho natural, hospitalidad, piedad y liturgia que gobernaba todos los ciclos vitales desde la cuna a la tumba, éste es un hecho objetivo, imposible de negar, difícil de reconocer en el secularizado, hedonista e individualista mundo que nos ha tocado vivir. Las actuaciones dentro del concejo eran fieles a lo determinado por todos los vecinos con derecho a voto que pactaban con las autoridades concejiles electas la representación ante otras autoridades y sobre todo la conservación de los bienes propios del concejo, su gestión y repartición. En el ámbito social y político del sistema concejil que aún pervive en las juntas vecinales, nuestros antepasados desarrollaban su vida social y económica y se defendieron durante más de 1000 años contra la injusticia y la fuerza que la nobleza local les quiso hacer. El legado del concejo y de nuestros ancestros es un rico patrimonio histórico y natural. El natural integrado por: montes, fuentes, arroyos, ríos, pradería, fauna, es hoy la materia prima de los Parques y Reservas que tantos interdictos y prohibiciones acarrean a los pueblos enclavados en lo que nos atrevemos a denominar: reservas indias de nuevo cuño, donde a los paisanos nos han convertido en comanches despojados de sus derechos ancestrales. Se olvida a menudo que la conservación durante siglos de ese territorio presuntamente natural, se debe únicamente a las sabias ordenanzas concejiles por las que se han regido nuestros pueblos y aldeas humanizando el paisaje desde hace más de 2000 años. Hoy día, en el ámbito de esos Parques y Reservas los concejos (juntas vecinales) son ninguneados, sobre todo cuando se aplican normativas restrictivas hechas desde helicóptero, sin bajar a tierra, sin tener en cuenta a los pueblos; la actual normativa sobre la protección del lobo ilustra muy bien lo que queremos expresar.

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Las agresiones de Confederación a las infraestructuras hidráulicas presentes en ríos y arroyos durante los últimos 20 años es otro ejemplo de la hostilidad de los nuevos señores feudales hacia el patrimonio histórico de nuestros concejos. La destrucción del azud del histórico Molino del Ribero en Cistierna; del azud en el río Dueñas en Ciguera, los intentos para derribar el azud del Molino de los Chiquitos en las Salas y el azud del Riachín de Argovejo demuestra cómo se las gastan los nuevos señores de horca y cuchillo.

En Boñar a finales de los años sesenta las juntas vecinales fueron eliminadas presuntamente por intereses espúreos sobre sus bienes comunales, tasados entonces en nada, bienes que actualmente seguro valen millones. La segregación del Ayuntamiento de Cistierna, de las juntas vecinales del Valle de Sabero en 1927 para crear otro ayuntamiento, no obedeció a otra cosa que a los intereses mineros de la empresa que hasta los años 90 del siglo que pasó gobernó vidas y haciendas en ese valle. Las juntas vecinales también se han contaminado en los últimos 40 años de política partidista e intereses ajenos a las mismas, con la única intención de controlarlas y vaciarlas de sentido. La injerencia de los partidos políticos en la institución concejil se refleja sobre todo en la elección del alcalde pedáneo adscrito a los partidos políticos que se presentan a las elecciones de los ayuntamientos, cuando en la capital del Ayuntamiento existe junta vecinal es el acabose. Los alcaldes concejiles (pedáneos) deberían ser personas reconocidas por su imparcialidad, sin militancia reconocida en partidos políticos, elegidas en concejo abierto tras discusión de sus méritos y capacidades, personas sin grandes intereses ganaderos o en la caza; aunque por supuesto deban velar tanto por la ganadería, la caza y las arcas que delimitan el concejo. De otra forma, se introducen en la vida concejil elementos perversos de distorsión que dividen a los vecinos en asuntos en los que solo debe privar el bien común y no los intereses del partido que gobierna en el ayuntamiento. Las juntas vecinales deben unirse en un frente común contra todas las tropelías que vienen desde arriba, impulsadas por políticos que legislan sin conocer nuestras necesidades y patrimonio. Desde hace tiempo codician como parte del botín la gran propiedad comunal de los concejos. Si pudiesen, los partidos políticos presentes en los ayuntamientos, habrían eliminado hace tiempo todas las juntas vecinales, un poder antiguo que se interpone como muro protector entre ellos y la riqueza presente en las grandes masas forestales del común. Lo que pretenden actualmente los pueblos del Ayuntamiento de Boñar no es la creación de juntas vecinales que salen de la nada, de la nada no sale nada. La historia es clara al respecto, esos concejos existen desde tiempo inmemorial, solicitan de forma legítima su reposición para volver al marco en el que desde siempre se desarrolló su vida económica y social. Mucho nos tememos que los partidos mayoritarios en el Ayuntamiento de Boñar no estén por la labor. En su lógica las juntas vecinales suponen un menoscabo al poder del ayuntamiento. La terminología que utilizan para referirse a una junta vecinal: «órganos de gestión desconcentrada»; son palabras vacías que no dicen nada, pero, quizás explican las órdenes que vienen de sus organigramas y escalafones partidistas. Las juntas vecinales no son entes para sus manipulaciones, sí un vínculo con el pasado, una ayuda para los propios ayuntamientos en la gestión del gran patrimonio histórico y material salvaguardado durante generaciones.

Ojalá el Ayuntamiento de Boñar recapacite y sin complejos ni cortapisas defienda la tradición, raíces, costumbres, acorde todo ello con la democracia y con el tronco milenario del concejo leonés del cual procedemos.