El Gobierno pide a Murcia la retirada del 'pin parental' en los colegios

El 'pin parental', una de las propuestas que más ha reivindicado Vox, permite a los padres decidir si sus hijos acuden o no a actividades complementarias que se imparten en el colegio. Así, por ejemplo, talleres varios o charlas sobre educación sexual, feminismo o de diversidad LGTBI requerirían una autorización expresa. El Gobierno cree que trata de «una objeción de conciencia encubierta» que no está contemplada en la legislación española, por lo que impugnará su aprobación. «Vulnera el derecho fundamental a ser educado», justificó Celaá.

Esta iniciativa, que fue una de las condiciones que Vox impuso para respaldar la investidura del popular Fernando López Miras, se aplica en los colegios murcianos desde principio de curso. La Consejería de Educación trasladó en verano a los centros educativos una instrucción en la que se solicitaba que las familias tuvieran conocimiento de aquellas actividades que fueran «a ser impartidas por personas ajenas al claustro» para que los padres pudieran manifestar su conformidad o no con las mismas.

Y aunque la medida lleve meses aplicándose, volvió a quedar incluida esta semana en el acuerdo presupuestario que alcanzaron los populares, Ciudadanos y Vox. La formación naranja, sin embargo, matizó su apoyo y solicitó «estudiar la posible paralización» del 'pin parental' hasta que se aclare su legalidad. Los liberales pedirán ahora en el Consejo de Gobierno el informe de los servicios jurídicos sobre la orden que se emitió a colegios e institutos.

La Región de Murcia no es, en todo caso, el único territorio en el que el PP se ha visto en la obligación de tomar una decisión. En Andalucía, Vox también puso como condición para aprobar los Presupuestos la implantación del 'pin parental', pero aún se encuentra en «fase embrionaria», según especificó el consejero de Educación, Javier Imbroda. El Ejecutivo de Juanma Moreno coincide en el derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos, pero no quiere que este instrumento en concreto derive en una batalla en los tribunales. «No vamos a hacer nada que no esté dentro del marco legal», aseveró.

El siguiente escenario de negociación será la Comunidad de Madrid, que todavía debe sacar adelante los Presupuestos y necesita el consenso con Vox. El partido de Abascal ha incluido entre sus reclamaciones para apoyar las cuentas este asunto. Y en el Gobierno autonómico aseguran estar «abiertos» a analizar lo que se ponga encima de la mesa. La presidenta ya rechazó, en realidad, en noviembre implantar esta herramienta. «Ustedes y yo no acordamos eso en nuestro pacto de investidura», replicó Isabel Díaz Ayuso a la ultraderecha en su intervención en la Asamblea. Pero fuentes populares ya no cierran la puerta a nada.

Desde luego, los barones cuentan con el aval de la dirección nacional del PP para negociar lo que estimen oportuno. En Génova no hablan expresamente de «pin parental», sino de «autorización de los padres» para «actividades extracurriculares en horario lectivo», y cierran filas con la orden vigente en la Región de Murcia.

La tensión con el Gobierno quedó extendida así este viernes a un nuevo ámbito. Después de que Celaá reivindicara el derecho a la educación de cada individuo y rechazara pensar que los niños «pertenecen» a los padres, Pablo Casado replicó en Twitter: «Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias».