ERC supedita su apoyo a la reforma laboral a la mesa de diálogo

Los republicanos, que sienten la presión de sus socios de Junts, que les recuerdan casi a diario que las conversaciones con el Ejecutivo para buscar una salida al laberinto catalán están abocadas al fracaso, apremian al Gobierno para que desbloquee la convocatoria y la doten de un «contenido», una «agenda» y un «orden del día». No dudan en vincular la convocatoria de la mesa a otra medida clave para la legislatura, aunque los soberanistas no lo hace esta vez de forma tan explícita como hicieron en la negociación de los Presupuestos de 2022.

ERC se mantiene en su posición de que a día de hoy no puede apoyar el texto gubernamental, pues a su juicio se queda «corto» respecto a la derogación prometida en un principio y, además, el Gobierno se cierra en banda a poder modificarlo. «El Gobierno no se mueve» y está «enrocado», lamentó este lunes la secretaria general adjunta de Esquerra Marta Vilalta. ERC advierte de que todas las negociaciones van en paralelo. Hay vasos comunicantes. «La mesa tiene que avanzar para que avance todo lo demás», advirtió.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, rema a contracorriente para no fracasar en su intención de sacar la reforma con el llamado «bloque progresista» del Congreso. Se juega algo más que la reforma estrella de su departamento para esta legislatura con su nuevo proyecto político en ciernes. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le echó un capote este lunes, en una entrevista en TVE insistió en que «es muy importante que los socios estén». «Hay que dar tiempo a la vicepresidenta. Llevo seis años en política institucional y he visto cosas más difíciles cumplirse. La vicepresidenta está llevando las negociaciones de forma muy discreta y queda tiempo hasta el último minuto», zanjó.

Sin embargo, en Moncloa ya se empieza a dar por perdido el apoyo de ERC, como ya hicieron una semana antes con el de EH Bildu, y el ala socialista del Gobierno se mantiene firme en su posición de no tocar ni una coma del decreto ley. «Es una norma que es fruto del acuerdo del diálogo social, se formuló como decreto ley y ahora lo que pide el Gobierno es que los grupos políticos la validen, que le digan sí o no a algo que ya está acordado», defendió la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Antena 3.

El planteamiento disgusta a los socios habituales del Ejecutivo, que recuerdan que la función del Legislativo es precisamente la de debatir y elaborar las leyes. El domingo, en una entrevista en El Correo, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, esgrimió que el hecho de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tenga problemas para gestionar las tensiones que han surgido en el seno de su organización no debería convertir al Gobierno y al Parlamento en su «rehén» . «Por una situación interna de la patronal no podemos poner patas arriba el sistema institucional», adujo.

Pero la negativa de estos grupos cada día inquieta menos en Ferraz pese a que representan, junto a PP y Vox, un muro de 173 diputados. Los socialistas no muestran tanto recelo como su socio por sortear el obstáculo por la 'vía Ciudadanos', formación que dará su apoyo a cambio de que no haya cambios en el decreto ley. Una tesis que comparten ahora UPN (dos escaños) y Coalición Canaria (uno).

El portavoz parlamentario de los navarros, Sergio Sayas, valora que el acuerdo entre sindicatos y patronal es «un punto fuerte», pero avisa que su postura tornará al no si el Gobierno «ofrece concesiones al nacionalismo». La diputada de los canarios, Ana Oramas, por su parte, es también clara al respecto: «El Gobierno tendrá nuestro apoyo si no se cambia ni una coma del decreto».