Villarejo prepara el terreno para pedir la nulidad de sus causas por las filtraciones

El motivo no es otro que la publicación de estos audios generaría una grave indefensión a Villarejo, advierten las fuentes jurídicas consultadas, dado que el caso de Corinna la filtración de estas conversaciones a dos medios de comunicación se realizaron estando la pieza de marras bajo secreto por orden del juez instructor Diego de Egea. Es decir, solo tienen acceso (en principio) el propio magistrado y los fiscales anticorrupción. Y su difusión vulneraría derechos fundamentales del comisario, cuya estrategia se situaría en acumular suficientes indicios para presentar un alegato en las cuestiones previas del juicio reclamando la nulidad de las actuaciones.

Lo cierto es que las grabaciones a Corinna o de la comida en el restaurante Rianxo de Madrid -publicada por el diario digital 'Moncloa.com', surgido el pasado 17 de septiembre, justo cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre la ministra de Justicia y el exjuez Baltasar Garzón- se enmarcarían en esa «estrategia de distracción» que tanto le gusta poner en juego a Villarejo y a su entorno. No es casual que el propio juez haya abierto una investigación secreta para conocer los supuestos vínculos entre el diario y el comisario encarcelado, y haya pedido al medio todos los audios de la citada comida.

Esta «estrategia de distracción» -filtraciones interesadas bajo secreto para pedir nulidades- no es nueva. Ya se vivió en la causa del 'pequeño Nicolás' con una grabación ilegal de un encuentro entre dos agentes del CNI y un alto mando policial publicada por varios medios, entre ellos el portal 'Informaciónsensible', dirigido por Gema Alcalá, mujer de Villarejo (uno de sus redactores fue investigado como presunto autor de la grabación).

Esas escuchas de casi siete minutos hablaban de ampliar las intervenciones del teléfono del principal acusado, entre otros asuntos. Y en su momento sirvió a la defensa de Francisco Nicolás o del comisario Villarejo para pedir al juzgado la anulación de parte de la instrucción.

La treta fue denunciada por la comisión judicial nombrada por el magistrado Arturo Zamarriego cuando era instructor del procedimiento. La comisión estaba formada por siete agentes encuadrados en la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, dada la presencia de agentes entre los investigados. Un departamento que también dirige ahora sobre el terreno las pesquisas en la 'operación Tándem' contra los servicios parapoliciales de Villarejo.

Sin embargo, pese a ser la misma unidad, el paisaje temporal ha sufrido importantes variaciones en estos cuatro años. Con el 'pequeño Nicolás', el jefe de Asuntos Internos era el comisario Marcelino Martín Blas, depurado por el ministro popular Jorge Fernández Díaz en abril de 2015. El mismo camino que siguieron sus subordinados cuando Zamarriego fue sustituido por María del Pilar Martínez al frente del juzgado ordinario de Madrid que investiga al joven impostor. Mientras que ahora, el responsable de la unidad policial es el comisario Francisco Migueláñez, nombrado por Fernández Díaz, el mismo que agradeció públicamente los «relevantes servicios» antiterroristas prestados por Villarejo antes de cesar a Martín Blas.

En el 'caso Tándem' de la Audiencia Nacional, hasta en tres ocasiones ha asomado la pata la defensa de Villarejo en busca de nulidades. El mismo día de su detención, el 3 de noviembre de 2017, su abogado Ernesto Díaz-Bastién recurrió el auto de entrada y registro porque en la comitiva judicial se encontraba un agente tributario adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que no estaba, supuestamente, en la lista autorizada por el juzgado.

La segunda ocasión llegó con un escrito al juzgado remitido a raíz de la difusión de las grabaciones a Corinna por los diarios digitales 'OK Diario' y 'El Español'. Fue el 13 de julio pasado y aseguraba que Villarejo no estaba detrás de la publicación y se consideró víctima de una «operación policial y mediática» en su contra para evitar su salida de prisión. «No es la primera vez que denunciamos la continuas filtraciones» de actuaciones secretas, denunció.

Y este miércoles volvió a la carga con los audios de la ministra de Justicia. En otro escrito al juzgado se consideró el mayor perjudicado por la filtración de esas conversaciones y reclamó una investigación para conocer quién los difundió.