El Gobierno afirma que sigue «avanzando» en la investidura pero ERC la ve «verde»

Su mensaje contrasta con el que, casi a la misma hora, lanzó desde Barcelona la consejera de Presidencia del Gobierno catalán y dirigente de Esquerra, Laura Vilagrà, quien calificó de «verde, muy verde» el estado de las negociaciones. Vilagrà no situó, en realidad, el escollo en las dificultades para aterrizar una ley que alivie las penas de quienes protagonizaron el amago secesionista de 2017. Hace semanas que los republicanos dan esa medida por «descontada». De lo que se quejó es de que los socialistas no haya abierto aún otras dos carpetas: la que incluye el traspaso de Cercanías y el «déficit fiscal» y la de la autodeterminación (en la que a ERC puede valerle con la reanudación de la mesa de diálogo).

El mero hecho de que el PSOE no haya entrado aún en esos capítulos, sin embargo, resulta ya indicativo de que, pese al discurso de los republicanos, la cuestión mollar, la de la amnistía, se atraganta. Quizá no con ERC que, como sostienen los socialistas ya han renunciado de alguna manera 'de facto' a la unilateralidad y mantienen desde hace cuatro años una actitud posibilista, pero sí con Puigdemont, que este mismo sábado se ratificó en ella.

Fuentes gubernamentales alegan que era ingenuo pensar que sería posible resolver «en unas pocas semanas» un desencuentro que «viene de lejos», pero insisten en que no están preocupados. «No hay prisa», sentencian pese a que ya han transcurrido tres semanas de los dos meses de plazo de los que dispone Sánchez antes de que el 27 de noviembre se convoquen automáticamente elecciones para el 14 de enero.

La renuncia a la unilateralidad por parte del secesionismo era, en principio, una exigencia del PSOE para justificar tanto ante la opinión pública como ante el Tribunal Constitucional un perdón colectivo de difícil encaje jurídico. Bolaños, sin embargo, eludió este miércoles aclarar si cree que, visto el enrocamiento de la otra parte, es posible sortearla. Tampoco se pronunció sobre si su partido estaría dispuesto a ceder a la demanda de Puigdemont de contar con un mecanismo de mediación y verificación de los acuerdos a los que pueda llegar con el Gobierno.

Sánchez se niega a dar pista alguna de lo que tiene entre manos, a pesar de que aseguró que una vez concluyera la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios haría pública su propuesta. El viernes mantuvo con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, el último de sus encuentros públicos para la investidura, pero el mutismo sigue siendo absoluto. «Estamos trabajando, estamos trabajando duro y además todo lo que estamos haciendo y todo lo que haremos será impecable desde el punto de vista constitucional», se limitó a reiterar su ministro de confianza.

Junts tampoco ha hablado del contenido de la negociación en este tiempo. Tanto Nogueras como el propio Puigdemont, han dejado claro, no obstante, en los últimos días que las condiciones fijadas por el expresident el pasado 5 de septiembre no han variado, que el acuerdo está «lejos», que su desconfianza respecto al Gobierno y al conjunto de los poderes del Estado condiciona su disposición al pacto y que no lo pondrán tan fácil como ERC.

Por el camino se ha cruzado, además, la consulta interna que desde el martes hasta el próximo lunes celebra del Consell de la Republica, la entidad que preside Puigdemont, sobre la conveniencia o no de bloquear la investidura. La cúpula del organismo ya se encargó de remarcar que el resultado de la votación no es vinculante, pero es un elemento a tener en cuenta en la partida que ahora se juega.