Un vacío legal permite a los partidos usar dinero público en campañas electorales

Así lo han expresado las consejeras del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro y María José de la Fuente en la comisión de investigación de la financiación de los partidos del Senado, ante la que ha comparecido este jueves en la segunda sesión monográfica centrada en las finanzas de Ciudadanos. En el foro solo participa el PP ante el boicot de la oposición, que considera este foro una maniobra de distracción de la comisión del Congreso centrada en la supuesta financiación ilegal de los 'populares'.

Frente a la insistencia del PP con el desvío que hace Ciudadanos de las asignaciones públicas de grupos municipales y autonómicos a la cuenta del partido, y que, a su juicio, podría haber sufragado campañas electorales, las técnicas han señalado que "una vez" se les otorgan, las ayudas públicas pueden ser utilizadas para campañas públicas debido a la falta legislación al respecto de estas aportaciones.

"Las aportaciones que reciben de los grupos municipales son recursos y forman parte de los recursos de los partidos, una vez que forman parte de ellos, los partidos le dan el destino que estima oportuno", ha explicado Genaro, preguntada por la fiscalización de esta asignación pública.

"Cuando contabilizamos las campañas, reflejamos que todos los recursos empleados sean aportaciones del partido, de sus fondos, pero no se puede identificar de donde vino ese fondo inicialmente. Podría venir de grupos municipales, de los parlamentarios o de donaciones", ha subrayado.

Ambas consejeras han apuntado a que existe un vacío legal, "un limbo", con respecto a la utilización de las asignaciones públicas de grupos parlamentarios y municipales, y apuntan a que los reglamentos de los parlamentos son "parcos" sobre "lo que son las subvenciones y para que son".

"Hay un vacío sobre si debiera existir limitaciones al destino de los fondos que reciben los grupos parlamentarios y municipales", ha indicado Genaro, mientras De la Fuente ha mencionado un texto del Tribunal de Cuentas que ya en 2001 subrayó la "conveniencia" de que la subvención se aplicara para su finalidad.

Según han explicado las consejeras, la ley de Financiación de Partidos establece que los recursos públicos de los partidos pueden proceder de las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales. Sobre el fin de las ayudas, debería venir regulado en los Reglamentos de los parlamentos. En el caso de los ayuntamientos la ley de Base de Régimen Local refleja que las subvenciones no se puedan destinar al pago de remuneración de personal o a la adquisición de bienes que puedan suponer activos fijo de carácter patrimonial.

Ante las preguntas del portavoz 'popular' Luis Aznar sobre la falta de documentación en los traspasos del grupo de Ciudadanos en el Parlament, que se justificaron bajo un contrato de asesoramiento, Genaro ha señalado que no contaron con la documentación exigida. "No entramos a analizar esto porque no tenemos documentación, la hemos solicitado, pero no disponemos de esa justificación", ha apuntado Genaro.

En esta cuestión De la Fuente ha señalado que las justificación de esos servicios de asesoría y de gasto por disposición de bienes no contaron con un desglose y no estuvieron justificadas. "Toda operación tiene que estar justificada y sustentada, toda operación requiere eso. Al tribunal no se le ha aportado documentación justificada, por eso hemos llegado hasta donde hemos podido llegar", ha concluido la consejera del órgano fiscalizador.