Las otras tumbas incómodas de la dictadura

Sus nombres han desaparecido de las calles de distintas ciudades del país, sus familias han perdido títulos nobiliarios y condecoraciones, y se han retirado monumentos que habían sido construidos en su memoria.

Todo este proceso ha estado y sigue estando envuelto en la polémica con recursos judiciales a favor o en contra, muchos de ellos aún sin resolver.

El caso del general Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) es el que más ruido ha generado en los medios de comunicación. Está enterrado en una de las capillas de la Basílica de la Macarena en Sevilla, monumento que él fundó y por el que pasan miles de personas a diario.

Las asociaciones en defensa del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y el grupo parlamentario Adelante Andalucía llevan tiempo exigiendo la exhumación de los restos de este militar, apodado «el virrey de Sevilla» porque dirigió el golpe en la capital andaluza.

Según ha explicado a EFE Eduardo Ranz, experto en Memoria Histórica y abogado de víctimas del franquismo, entre los argumentos que esgrimen está el de que, a su juicio, su enterramiento incumple el derecho canónico puesto que no puede haber tumbas en lugares sagrados salvo que sean de obispos, cardenales o del propio pontífice.

A eso se añade, ha dicho, que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía ampara la eliminación de vestigios de la Guerra Civil y dictadura.

Por lo tanto, con esa ley en la mano, el letrado precisa que este caso sería objeto de un pleito civil entre la Junta de Andalucía y el Arzobispado de Sevilla.

En relación a los restos de José Moscardó y Milans del Bosch, ambos sepultados en el Alcázar de Toledo, Podemos presentó ante las Cortes de Castilla-La Mancha una proposición no de ley (PNL) en la que solicitaba la exhumación de ambos, que tanto PSOE como PP rechazaron.

Lo que planteaba Podemos en su propuesta es que las Cortes regionales instasen al Gobierno de España y, concretamente al Ministerio de Defensa, a que adoptase todas las medidas para sacar de allí a los militares.

Ranz ha constatado que es Defensa el departamento que tiene que pronunciarse sobre la idoneidad o no de sus exhumaciones porque el Alcázar «tiene un foro propio, el orden militar».

José Moscardó (1878-1956), exaltado como «héroe» por la defensa del Alcázar, fue jefe de la casa militar de Franco y ostentó el título de conde del Alcázar de Toledo.

Por su parte, Jaime Milans del Bosch (1915-1997) fue uno de los artífices del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En concreto mandó sacar los tanques a las calles de Valencia por lo que fue sentenciado a 30 años de prisión y expulsado del Ejército.

A su muerte fue enterrado en la misma cripta que Moscardó por haber participado, con poco más de 20 años, en la defensa del Alcázar de Toledo.

Los golpistas Emilio Mola (1887-1937) y José Sanjurjo (1872-1936) fueron enterrados en una cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona.

De ella fueron exhumaron sus restos en 2016 por decisión del Ayuntamiento de la capital navarra, gobernado por Bildu, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica de la Comunidad Foral.

La exhumación se ejecutó después de que un juzgado desestimara un recurso en contra presentado por familiares de los dos militares, que participaron activamente en la sublevación contra el Gobierno de la II República en julio de 1936, aunque en el caso de Sanjurjo murió apenas unos días después del golpe.

Los restos de Sanjurjo «fueron trasladados en un helicóptero del ejército desde Pamplona hasta Melilla» para ser enterrado en un panteón militar, según ha explicado a EFE Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El destino de los de Mola se desconoce. Según Silva, «se dice que lo llevaron a la Catedral de Pamplona. Lo recogió la familia, pero no se sabe» exactamente dónde están.

Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado fallido en 1932, conocido como «Sanjurjada», tras el que tuvo que exiliarse en Portugal. Falleció en un accidente de avión tras despegar de Estoril rumbo a Burgos, ciudad a la que viajaba para sumarse al levantamiento de 1936 que respaldaron otros militares como el general Mola, también fallecido en accidente de aviación ya en 1937.