El TSJC procesa a Jové, miembro de la mesa de diálogo

Jové, que durante el 1-O era mano derecha de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y en la preparación del referéndum, ha sido citado a declarar ante la juez el próximo 11 de marzo. La magistrada instructora justifica su procesamiento en que, desde su puesto de secretario general del Departamento de Vicepresidencia, «tuvo una participación activa en la preparación del 1-O y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el referéndum ilegal fuesen superiores a los negativos».

La magistrada considera acreditado que Jové obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que carecía de competencias. Igualmente, la jueza instructora detalla en el auto de procesamiento que Jové «desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum». Y señala también, tal como se recoge en la agenda 'moleskine' de Jové, y en las anotaciones de 'Enfocats', que este procesado «conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal», en una cantidad superior a los 2,1 millones.

La declaración judicial cogerá al dirigente republicana en plena preparación de la segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán. El diputado de Esquerra forma parte del equipo negociador designado por Quim Torra y Pere Aragonès.

El presidente de la Generalitat y el vicepresidente encabezaron la delegación catalana en la primera reunión de la mesa entre gobiernos del miércoles pasado en la Moncloa, pero no acudirán a las siguientes citas. La próxima está prevista para el mes de marzo en Barcelona. A ella, como a la del miércoles, asistirá Jové, que ya formó parte del equipo negociador de ERC en las conversaciones con el PSOE para desencallar la investidura de Pedro Sánchez. La presencia de Jové en la delegación catalana incomodó a los socialistas, que se sintieron decepcionados por que Torra y Aragonès incluyeran miembros ajenos al Govern, y fue criticado desde la oposición. «España no merece esa humillación», afirmó este viernes el líder del PP, Pablo Casado, sobre el hecho de que el Gobierno se siente a negociar con un dirigente procesado por el 1-O. Su inclusión en la delegación de Torra sirve al independentismo para denunciar que la «represión» del Estado, según entiende el secesionismo, no se ha parado. El propio Jové se dejó notar el pasado miércoles, en la Moncloa, cuando acudió con un cuaderno 'moleskine' como el que usó en el pasado para anotar todos los pasos del 'procés'.

En su auto, la magistrada del TSJC decreta la libertad provisional para Jové y Salvadó pero les impone la personación periódica mensual, la retirada de pasaporte y prohibición de salida del país. Además, deben hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 euros en el caso de Jové, y de 1.635.000 euros en el caso de Salvadó.