El TSJC juzgará a Roger Torrent por desobediencia

Fueron dos mociones, tramitadas una semana después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Una afirmaba que el Parlament «reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político». La referida a la Corona decía que el «Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados la reprobación de la monarquía». Ambas fueron aprobadas por el pleno con los votos de los diputados independentistas.

Torrent es un dirigente de la máxima confianza del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Cuando la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, viajó a Barcelona a negociar el apoyo de ERC a la reforma laboral, con quien se reunió, tras haberlo hecho días antes en Madrid con Aragonès, fue con Torrent. El expresidente del Parlament fue uno de los causantes del divorcio entre ERC y Junts, cuando en la legislatura anterior se negó a desobedecer para permitir la investidura telemática de Carles Puigdemont, tal y como pretendía el posconvergente.

En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para el expresidente del Parlament.

Torrent calificó su procesamiento como un «escándalo». «Nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor», afirmó. El dirigente de Esquerra anunció que defenderá en el juicio «que en el Parlament se debe poder hablar de todo».

El auto de procesamiento señala que Torrent y los otros miembros procesados de la Mesa acordaron admitir a trámite mociones, «con manifiesta voluntad de infringir el mandato inequívoco del alto tribunal». Según la magistrada instructora, eran «plenamente conocedores» del contenido y los apercibimientos del Tribunal Constitucional. «La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad», recuerda la jueza citando un auto del Constitucional.