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Martes, 23 de noviembre 2021, 18:41
«Estamos ante un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán». La Generalitat reaccionó este martes de forma enérgica ante una decisión del Tribunal Supremo, que tumba el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, un asunto sagrado para las fuerzas catalanistas. El ... Supremo, según dio a conocer el Govern, ha inadmitido un recurso presentado por la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que estableció que al menos un 25% de las clases en la escuela catalana (la pública y la concertada) tienen que impartirse en castellano. El sistema educativo en Cataluña, en esencia, se basa en que la lengua vehicular, el idioma en el que se dan las asignaturas, es el catalán. La lengua española solo figura como una materia más, de la que se imparten dos o tres horas semanales.
La decisión del Supremo, que rechaza el recurso del Govern, implica que la sentencia del TSJC pasa a ser firme y por tanto es de obligado cumplimiento. Lo que ya es más complicado es cómo se aplica en la práctica, toda vez que cada colegio es un mundo y no tiene nada que ver la realidad de un centro en Santa Coloma de Gramanet, que en Berga.
Tras conocer el auto, el Govern llamó a los centros escolares a «seguir trabajando como hasta ahora y no cambiar sus proyectos lingüísticos», afirmó el consejero de Educación, Josep González-Cambra. El dirigente nacionalista aseguró que desde 2005 80 familias han pedido escolarización en castellano.
La causa que se ha resuelto ahora en el Supremo se remonta a 2015. El entonces Gobierno del PP denunció ante el TSJC lo que entendía como una «inactividad de la Generalitat» en fijar un uso razonable del castellano en las aulas. Durante estos años, se han producido sentencias judiciales que amparaban a los padres que reclamaban la escolarización en castellano, pero se circunscribían al centro denunciado. La sentencia del TSJC, a partir de la denuncia del Gobierno, afectaba por primera vez a todo el sistema educativo.
La Generalitat se movilizó este martes de inmediato y convocó un gabinete de crisis en el Palau de la Generalitat, encabezado por el presidente Pere Aragonès, junto a entidades de defensa del catalán. Òmnium Cultural instó al Ejecutivo catalán a agotar todas las vías para blindar el modelo educativo y si es necesario desobedecer, mientras que en el lado opuesto, Sociedad Civil Catalana habló de «triunfo histórico por la igualdad de oportunidades frente a un modelo reaccionario».
En Cataluña, defienden el modelo de inmersión en catalán buena parte de las fuerzas políticas: PSC, ERC, Junts, comunes y la CUP. Los que abogan por el bilingüismo son Ciudadanos (que nació haciendo bandera de esta causa), PP y Vox. El modelo es intocable para el catalanismo que lo considera una de las joyas de la corona del autogobierno. La polémica en torno a la inmersión regresó semanas atrás, después de que el Govern hiciera público un estudio que concluía que el uso del catalán ha caído de manera drástica en las aulas en los últimos 15 años. En consonancia con el conjunto de la sociedad catalana, en la que el castellano es la lengua mayoritaria.
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