El TSJC mantiene cautelarmente las elecciones catalanas el 14 de febrero

La sección quinta de la sala contenciosa ha estimado por tanto las medidas cautelarísimas solicitadas contra el decreto que trasladaba las elecciones autonómicas del 14 de febrero al 30 de mayo. El recurso lo presentó un ciudadano particular, Josep Asensio. Pidió las medidas cautelares, que el tribunal ha atendido, dejando en suspenso el decreto que fija las elecciones para el 30 de mayo y se mantiene en vigor el que las convoca para el 14 de febrero. El Govern tiene 48 horas para presentar alegaciones y revertir la decisión de la sala.

En cualquier caso, «esta decisión no anticipa el posicionamiento sobre el fondo del asunto», según han apuntado fuentes judiciales. El TSJC tiene sobre la mesa seis recursos contra el decreto del Govern que aplazaba las elecciones catalanas (Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres e Izquierda en Positivo, y Pacma). Respecto a estas impugnaciones, los jueces han trasladado a la Generalitat y a la Fiscalía para que presenten sus alegaciones antes del jueves. «Será concluido ese plazo cuando la sala inicie la deliberación sobre las medidas cautelares exigidas, pudiendo o no pronunciarse el mismo jueves», señalan fuentes del TSJC. Las medidas cautelares reclaman que la justicia tumbe el decreto que deja sin efecto la convocatoria del 14-F. Los recurrentes argumentaron sus impugnaciones en que a su juicio el decreto gubernamental puede suspender la democracia y perpetuar al Ejecutivo a su antojo y sin control parlamentario.

El 14 vuelve a estar vigente, y el auto justifica su decisión en el hecho de que podrían vulnerarse derechos fundamentales. Y es que a su juicio, si no se suspende el decreto de manera cautelar, la situación podría ser irreversible y como consecuencia de las estrechez de plazos los comicios del 14-F no podrían celebrarse sea la que sea la decisión final del tribunal. Algunos trámites legales, de hecho, están casi fuera de plazo como es el caso de la proclamación de candidatos o la constitución de las mesas electorales.

El decreto que queda en suspenso, a la espera de que se resuelva sobre el fondo, dejó «sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el próximo 14 de febrero de 2021 por el decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones». Y además, apuntó que las «elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat».

Al poco de conocerse la resolución del TSJC, desde JxCat ya han empezado a pedir la cabeza de algún responsable del Govern de la parte implicada en la organización de las elecciones, la Consejería de Exteriores, en manos de ERC. Miquel Iceta, del PSC, ha afirmado que el PSC ya apuntó que había «dudas» jurídicas sobre los pasos que estaba dando el Gobierno catalán. «Hay que acatar y que resuelvan decifinitivamente», ha señalado. También ha instado a su partido a «seguir» en la preparación de las elecciones del 14-F pues el decreto está vigente y también al Govern para que lo deje todo preparado para la celebración electoral. «Las cosas hay que hacerlas bien, los gobiernos están para resolver problemas, no para crearlos, la mejor manera de hacer bien las cosas es ajustarse plenamente a la legalidad», ha rematado.

Según Izquierda en Positivo, una de las entidades que han recurrido la decisión del Govern de aplazar los comicios, el decreto de la Generalitat «no retrasa las elecciones, sino que anula la actual convocatoria, lo que crea serias dudas sobre su legalidad». Las elecciones del 14 de febrero fueron convocadas de forma automática, «por la incapacidad» del Parlamente de Catalunya de nombrar un president de la Generalitat. «El actual Govern, en funciones, se arroga competencias que la ley no le confiere: la capacidad de anular y convocar elecciones a su discreción. En la actual situación entre legislaturas, con el Parlament de Catalunya disuelto y con un Govern en funciones, este decreto crea un peligroso vacío legal al abrir la posibilidad de que este estado sea prolongando mucho mas allá de lo que establece la Ley Electoral y el Estatut de Cataluña», remata.

Algunos juristas han apuntado que quien no puede convocar, tampoco puede desconvocar. Por medio de un decreto, el vicepresidente no se puede arrogar una facultad estatutariamente atribuida, en exclusiva, al presidente de la Generalitat, según señalan quienes dudan de la legalidad del decreto firmado por Pere Aragonès.