Un tribunal militar reabre la causa por los 127 kilos de cocaína hallados en 'Elcano'

 En auto al que ha tenido acceso COLPISA, el auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Primero, el coronel Miguel Rodríguez de Paterna, ha devuelto la causa a la titular del Juzgado Togado militar número 12 para que amplíe el plazo de instrucción y practique las pesquisas pedidas por el fiscal jefe, el coronel José Oliveros. Responde así a la resolución de la juez instructora en la que señalaba que una vez practicadas todas las diligencias necesarias «no resulta posible, con respecto a los derechos fundamentales que ampara a todo investigado, imputar ni indiciariamente a ninguno de los que prestaban servicio en el pañol de velas de la goleta ni a ningún otro por el embarque de 127 kilos de cocaína».

La droga fue subida en Cartagena de Indias, Colombia, durante una escala operativa de la ruta que llevó al Juan Sebastián Elcano hasta Estados Unidos, entre otros países. La juez togada trató de reconstruir los cuatro días en los que el buque escuela estuvo atracado, contactó con las autoridades colombianas para interrogar a presuntos miembros de una red internacional de narcotraficantes e, incluso, se desplazó en persona hasta Nueva York para entrevistarse con agentes de la agencia antidrogas (DEA) que vigilaban a este grupo criminal.

Sin embargo, la conclusión de la instructora es que el descontrol que reinaba en la goleta, donde no se registraba a los marinos que embarcaban y desembarcaban en Cartagena de Indias, hizo imposible identificar a los supuestos autores de los hechos para llevarles a juicio.

En esta causa están investigados seis miembros del buque de la Armada, dos de los cuales trabajaban en el pañol de proa donde se guardaban las velas, lugar elegido para almacenar los 127 kilos de cocaína en fardos. «La falta de vigilancia de llaves y una correcta llevanza del libro dedicado al control de las mismas» hace que cualquiera «pudiera entrar y mantenerse en él durante el tiempo necesario para ocultar los paquetes». Más aún teniendo en cuenta que personal que no estaba destinado en el pañol acudía al mismo como lugar de esparcimiento, alegó la juez en su auto de archivo.

Tras conocer la reapertura de la causa, Fernando Pamos de la Hoz, abogado de uno de los marineros acusados, reclamó al juzgado la nulidad de la resolución porque «nunca» les dieron traslado del recurso del fiscal castrense. «Ha existido un secretismo vulnerador del derecho de defensa y de los plazos reglamentarios para las alegaciones», aseguró.

En la segunda causa abierta por estos hechos, relacionada con la entrega de 30 kilos de cocaína a dos grupos de narcos en Nueva York, están procesados seis marineros y un civil -el cocinero del buque-, algunos de los cuales coinciden con los investigados en la pieza ahora reabierta. Les imputan un delito contra los deberes del servicio a bordo en concurso con otro contra la Salud Pública (tráfico de droga), por los que se enfrentan a penas que van de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 333.000 euros.