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El responsable policial de la investigación judicial a Rafael Amargo ha declarado este lunes al tribunal que tanto el bailaor como su productor, Eduardo de los Santos, habrían usado el tráfico de estupefacientes para financiar la producción de la obra 'Yerma'. Así lo ha revelado ... el encargado de rubricar el atestado que originó la causa contra el artista por un delito continuado contra la salud pública.
El juicio ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid y se desarrollará toda esta semana. La Fiscalía reclama a Amargo y a De los Santos nueve años de prisión por supuesta venta de droga en el antiguo piso del artista ubicado en el barrio madrileño de Malasaña. Los acusados declararán al final de la prueba a petición de las defensas.
Con chaqueta negra y camisa azul clara de rayas, el artista ha aprovechado el paseíllo custodiado por agentes de la Policía Nacional hasta la sala de vistas para saludar a su familia. Su padre y su hermano han estado presentes en la primera sesión. Un furgón de la Guardia Civil le ha trasladado a las ocho de la mañana desde el centro penitenciario de Soto del Real, en la sierra de Madrid, donde se encuentra en prisión provisional desde diciembre pasado por el quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas por el juzgado.
El instructor de las diligencias policiales ha detallado que Amargo y De los Santos realizaban "compras conjuntas" destinadas a financiar la obra de 'Yerma', antes de cuyo estreno en el Teatro La Latina de Madrid fue detenido el artista en el marco de la 'operación Codax'. Al parecer, necesitaban 3.000 euros para iniciar los trabajos de producción del espectáculo.
Según el agente, Amargo no tenía dinero porque tenía en aquella época embargos, por lo que la obra de 'Yerma' la tenía que financiar el productor, que a su juicio obtenía el dinero a través de la venta de droga. Otro de los policías que intervinieron en las pesquisas ha manifestado que se intervino una balanza de precisión durante el registro que se llevó a cabo en su detención en diciembre de 2020.
En la fase de cuestiones previas, la defensa del bailaor, el mediático abogado Marcos García Montes, ha planteado la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros en el domicilio de su cliente al estar basado en datos "subjetivos" de la Policía, como que su defendido usaba mulas para distribuir droga. Precisamente, la tercera persona que está siendo juzgada por estos hechos, Manuel Ángel Batista, tendría este cometido, según la Fiscalía, que reclama para él seis años de prisión.
En el caso del bailaor, los agentes intervinieron en el registro de su entonces piso tres botes conteniendo sustancia Popper (nitritos de alquilo), una bolsita conteniendo sustancia que resultó ser feniletilamina con un peso neto de 0,089 gramos y un frasco conteniendo seis mililitros de GBL (éxtasis líquido) con un valor en el mercado de 314 euros en su venta por gramos.
En el juicio, el letrado ha defendido que se ha incurrido en la vulneración de diversos derechos fundamentales de su patrocinado y ha planteado que el artista tiene "problemas de drogodependencia", señalando que sigue un tratamiento por consumo severo en la cárcel de Soto del Real. Un reconocimiento que, en caso de una condena, podría rebajar sustancialmente la pena por su circunstancia atenuante.
Desde el inicio de las intervenciones telefónicas, los investigadores apreciaron ya una venta de sustancias estupefacientes ya que, según el agente que declaró este lunes, existían llamadas cruzadas entre compradores, "camellos" y Rafael Amargo. Por ejemplo, una conversación de 9 de julio de 2020 una mujer de origen rumano y el acusado hablan de "algo blanco para fumar", lo que identifican con metanfetamina. En otra se habla de "tina", como se conoce a la metanfetamina.
Al artista le investiga, además, el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid por la presunta comisión de otro delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad, a raíz de una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta reiteración en la venta de droga en su piso.
En su relato, la fiscal relata que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos "se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero". El tercer acusado fue sorprendido por la Policía en abril de 2020, en plena pandemia, cuando se disponía a entregar a un cliente, a cambio de 50 euros, una bolsita con sustancia que resultó ser metanfetamina; sustancia que había recogido minutos antes del domicilio de Amargo, "donde debía regresar para entregar el dinero".
En una entrevista en Telecinco en febrero de 2021, Amargo defendió su inocencia: "Como se ha comprobado en mi casa no había nada. En mi casa no se vende droga, se vende alegría y arte. Soy inocente, pero muchos ya me han condenado sin haberse producido el juicio. Todo está encauzado y estoy muy tranquilo. No tuve miedo hasta hace poco. Me tengo que callar porque es un proceso judicial muy serio».
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