El Tribunal de Cuentas rectifica y Puigdemont y Junqueras evitan el embargo

En el marco de la investigación, aún en una fase inicial, el Tribunal de Cuentas impuso 5,4 millones de euros en fianzas a todos ellos, entre otros, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Raül Romeva. Para ayudarles, el Govern, a través del Instituto Catalán de Finanzas, creó un fondo de 10 millones, con el objetivo de que sirviera de aval. Este fue aprobado definitivamente la semana pasada en el Parlament, con los votos de PSC, ERC, Junts, CUP y En Comú Podem, que suman más del 80% de los escaños. Vox, Cs y el PP votaron en contra.

Aceptar que el Govern avale a los encausados es una de las primeras decisiones relevantes que adopta el organismo fiscalizador desde que el PP y PSOE acordaron su renovación, en octubre de 2021, y el ente pasó a tener mayoría progresista. El anuncio llega en plena negociación sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern. Desde la parte nacionalista, se reclamaba al Ejecutivo central pasos en este sentido. La Abogacía del Estado, de hecho, el pasado mes de enero ya decidió abandonar la causa contra los líderes del 'procés' en el Tribunal de Cuentas y renunció a seguir como acusación. Y ahora, con el cambio de criterio del organismo fiscalizador, Mas, Junqueras, Puigdemont y Romeva y la treintena de exdirigentes secesionistas investigados evitan el embargo.

Tras el no inicial del Tribunal de Cuentas a que la Generalitat avalara las fianzas, recurrido por los encausados, ERC respaldó la operación con avales de 2 millones y el resto lo completaron con la garantía de sus propios bienes inmuebles, como fue el caso de Mas y Mas-Colell. No obstante y a pesar de las amenazas, el Tribunal de Cuentas no ejecutó en ningún momento los embargos. Nadie llegó a perder la casa de sus hijos, como alertó Oriol Junqueras. Las fianzas las impuso el organismo por si al final de la causa se acaba acreditando que los investigados malversaron dinero público con las campañas que realizaron los gobiernos catalanes entre 2011 y 2017 para defender una Cataluña independiente en la comunidad internacional y buscar complicidades en cancillerías extranjeras. Si son condenados, entonces sí, deberán devolver 5,4 millones.

La votación de este lunes dividió el organismo, el resultado fue 2-1, y contó, por tanto, con un voto particular en contra. La decisión desautoriza la que adoptó la delegada instructora Esperanza García Moreno.