El Tribunal Constitucional estudiará el recurso de Vox contra el estado de alarma

Según ha informado en su cuenta de Twitter el partido presidido por Santiago Abascal, el TC también ha admitido a trámite su recurso contra la inclusión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el Pleno del tribunal de garantías, que se ha celebrado de manera telemática debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, se ha estudiado ese primer recurso contra el estado de alarma, que presentó Vox a finales de abril.

Los de Abascal entienden que el decreto del 14 de marzo incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución. Sostienen que determinadas suspensiones dictadas por el Ejecutivo sólo cabrían en la fórmula de estado de excepción.

«Por muy grave que sea la situación a que deba hacerse frente, la misma debe siempre abordarse dentro de la Constitución y conforme a la misma, y no con una clara vulneración de su supremacía y de los más elementales derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el caso. En el estado de alarma, el Gobierno no puede hacer cualquier cosa, sino que ha de ceñirse a las medidas permitidas para dicho estado por el bloque de la constitucionalidad», afirmaba Vox en su recurso.

En este sentido, ahondaban en que «el estado de alarma no permite la suspensión de los derechos del Título I» de la Constitución, sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles, ni «restricción alguna sobre la libertad de residencia». De este modo, concluyen que sólo en los estados de excepción o de sitio cabe acordar suspender los derechos que establece el artículo 19 de la Carta Magna, esto es, el de elección de residencia, el de circulación por el territorio nacional y el de salir y entrar en el territorio nacional.

Por eso, denuncian que el confinamiento que impuso el primer decreto del Gobierno, del 14 de marzo, y que se ha venido prorrogando después con la autorización del Congreso «constituye, por su rigidez e intensidad, una verdadera privación de libertad». Cabe recordar que Vox votó a favor de la primera prórroga y en contra de las siguientes. Además, añadían que en esta fórmula elegida por el Ejecutivo de Sánchez no cabía «la suspensión de la apertura al público de locales y establecimientos, ni la suspensión de las actividades de hostelería y restauración, ni la suspensión de verbenas, desfiles y fiestas populares».

Con todo, admitían que debido a la pandemia «muy posiblemente fuese necesaria la suspensión de dichas actividades«, pero recordaban que »esta restricción debe hacerse de conformidad a la Constitución, respetando la primacía de ésta, y no con la clara vulneración« de los parámetros que ésta establece.

Al hilo de la admisión de este recurso, cabe recordar que este mismo lunes el Tribunal Supremo inadmitió otro referente al estado de alarma que presentó un particular al determinar que la jurisdicción corresponde al Tribunal Constitucional.

Sobre el otro recurso admitido este miércoles y que fue presentado a finales de marzo, desde Vox argumentaron que recurrían porque era una «burla inaceptable» que el Gobierno aprovechara el Real decreto-ley aprobado el pasado 17 de marzo para fijar medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, para meter la decisión de incluir a Iglesias en la comisión de inteligencia en su disposición final segunda.

Para los 52 diputados de Vox, esa disposición adicional «carece de toda conexión con la grave crisis sanitaria, social y económica a que trata de hacer frente» el decreto. En el recurso recordaban al Gobierno que pese a al agrave situación, no pueden «actuar a su antojo» y «vulnerando la Constitución».

«De esta crisis no se puede salir con una degradación institucional, sino que es a partir de la fortaleza de las instituciones como se logrará superar la grave situación en la que nos encontramos», reivindica el partido.

Desde que comenzara el estado de alarma, los de Abascal iniciaron una intensa actividad judicial con acciones como la exigencia de conocer las cifras «reales» de fallecidos por Covid-19, un recurso ante el TC por la «paralización» del Congreso o una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «imprudencia grave con resultado de muerte».