En julio de 2016, siete años y medio después de estallar la trama 'Gürtel', uno de los grandes empresarios implicados reconocía por vez primera ante el juez el pago de comisiones ilegales y la entrega de donaciones finalistas al Partido Popular. Fue Alfonso García Pozuelo, ... entonces gerente de Constructora Hispánica, quien remitió un escrito en el que reconoció como «ciertos» los hechos atribuidos por la Fiscalía Anticorrupción.
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El empresario admitió el abono de 1,3 millones de euros en 'mordidas' a antiguos cargos del PP y a la cúpula del Grupo Correa por la adjudicación de contratos públicos. Entre otros, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, uno de los municipios con la renta por habitante más alta del país. También confirmó la donación de 30.050 euros para la campaña electoral de las municipales y regionales de mayo de 2003. Una dádiva que aparece reflejada en la contabilidad paralela del extesorero popular Luis Bárcenas.
García Pozuelo, al que la Fiscalía pedía antes de su arrepentimiento diez años y medio de cárcel por la pieza principal de 'Gürtel', finalmente fue condenado a dos años sustituibles por el pago de una multa (ya había entregado 20 millones en 2010 tras la venta de su empresa). En suma, esta confesión ratificada luego en el juicio le evitó pasar algunos años en la sombra. «Sus declaraciones han servido de importante ayuda para formar el criterio del tribunal», destacó la sentencia de mayo de 2018.
El propio Francisco Correa, en sus declaraciones durante la vista oral, admitió que «era correcto» lo que decía el escrito de acusación respecto a García Pozuelo. Esto es, «que es verdad que cuando salía una licitación pública llamaba a Bárcenas para decirle que estaba interesado» y tras la adjudicación se repartía entre las partes la comisión por un porcentaje del valor del contrato: alrededor del 3%.
La confesión de García Pozuelo en 2016 dio un vuelco a las piezas pendientes de juzgar en 'Gürtel'. Reforzó la posición acusatoria de la Fiscalía, abrió la puerta a la concesión de atenuantes a nuevos arrepentidos, entre ellos los cabecillas confesos de la trama, y dio carta de naturaleza a la denuncia que en noviembre de 2007 presentó un exconcejal de Majadahonda junto con su abogado, Ángel Galindo, ante la Policía acompañadas de un CD con 70 horas de grabaciones sobre las actividades de la trama. Luego esta denuncia se amplió en Anticorrupción en mayo de 2008 con indicios sobre Bárcenas y su fortuna oculta en el extranjero. Momento en el que la investigación alcanzó el corazón del PP y su tesorería.
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Pues bien, cinco años después del movimiento del constructor la Audiencia Nacional juzga desde mañana una nueva pieza de la macrocausa, la referida a los contratos de Boadilla. Se sientan en el banquillo 27 procesados por diferentes delitos y 13 han reconocido ya los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía. Una cifra sin precedentes en ninguno de los otros procedimientos que han sido juzgados.
Entre los 13 arrepentidos se encuentran el exalcalde de la localidad, el popular Arturo González Panero, quien admitió haber recibido 700.000 euros por beneficiar al Grupo Correa, además de importantes cohechos como un plasma de 49.000 euros o suculentos viajes; Alfonso Bosch, exdiputado autonómico del PP; los empresarios José Luis Martínez Parra y José Luis Ulibarri; el exalto cargo madrileño César Tomás Martín Morales, que sostiene que recibió 1,3 millones en comisiones y detalla la financiación de las campañas de 2003 y 2007; empleados municipales de Boadilla o los cabecillas de 'Gürtel' como Francisco Correa y Pablo Crespo.
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