Transparencia zanja que la seguridad de la Casa Real no puede ser «secreto de Estado»

La orden de dejar al descubierto detalles numéricos de la escolta de los dos reyes y de quienes les rodean ha provocado «estupor» entre los responsables de Interior, que hasta ahora se habían venido negando a facilitar el más mínimo detalle al respecto. De hecho, la orden firmada por Transparencia el pasado marzo y que ahora se está tramitando en Interior a regañadientes -no consta su respuesta por el momento- parte de una queja ciudadana al consejo después de que en junio de 2021 el ministerio rechazara facilitar cualquier tipo de información sobre la escolta real, aunque la petición era muy genérica: número y funciones de los agentes adscritos a la protección de la jefatura del Estado.

Para vetar la información, Interior se escudó entonces en el artículo 14.1.d de la Ley de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno de 2015, que faculta a la Administración a «limitar» el acceso a ciertos datos si esta «información supone un perjuicio para la seguridad pública». Interior alegó que la simple difusión de la «gestión de los recursos humanos disponibles (para la protección de la Casa Real) constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales».

Cuando en julio de 2021 el CTBG pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre su cerrazón a ofrecer cualquier dato acerca de la protección de la Casa Real, Interior reiteró que desvelar los detalles en un ámbito tan delicado podría provocar «un daño, real y previsible» a la protección de quienes representan la Monarquía española. La Administración abundó en que hacer público, aunque fuese de forma genérica, cuántos agentes se destinan a esta sensible tarea y a qué se dedican exactamente provocaría un «daño en la eficacia de los dispositivos de seguridad, ya que se trata de información notable que puede revelar fortalezas o vulnerabilidades».

Interior arguyó, además, que la información solicitada se encontraba bajo «una calificación oficial de reserva» de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, que faculta para declarar materia secreta «las plantillas de personal» de ciertas unidades.

Pero Transparencia tumba ahora todos esos argumentos. Por lo pronto, constata que la actual legislación de secretos oficiales permite, en efecto, declarar materia «reservada» el personal de algunas unidades, pero solo las destinadas a «proteger la seguridad y la defensa del Estado». Y según el consejo, ese matiz circunscribe el secreto a las «Fuerzas Armadas y no a las fuerzas y cuerpos de seguridad». Insiste el órgano fiscalizador que Interior no puede efectuar «una interpretación extensiva de una excepción contraria al principio general de nuestro Derecho», sobre todo porque afecta de forma «enérgica» al «deber general de transparencia de los poderes públicos».

El CTBG insiste en que no cabe escudarse en la mera mención del «perjuicio a la seguridad pública». Porque «en el caso que nos ocupa» -incide- «la información solicitada no se refiere a un concreto dispositivo de seguridad, supuesto en el que este consejo entiende que revelar información sobre el mismo puede causar un daño real y efectivo»; supuesto en el que sí tendría que prevalecer «la protección del bien jurídico de la seguridad pública» sobre el derecho de acceso a la información.

Frente a ello, el órgano fiscalizador remarca que lo que se pide en este caso es «el dato global de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desempeñan sus funciones para la Casa de su Majestad el Rey». Es decir, en ningún caso que se revelen datos sobre «la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos». Transparencia dice que «no alcanza a discernir en qué medida el conocimiento público (del número de agentes y sus funciones) puede revelar 'fortalezas y debilidades', como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real».