El Supremo avala el procesamiento de Puigdemont y critica a la justicia alemana

En particular, reprocha al tribunal germano que compare la violencia durante el procés con una revuelta que se produjo en el aeropuerto de Frankfurt, como hicieron en su resolución en la que negaron la extradición por rebelión. «En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo», afirman el auto. «Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales», apuntan en su resolución los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

El supremo, además, avala la investigación de Llarena por rebelión. «En este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (artículos 1 y 2 de Constitución«. Todo ello –explican los magistrados- porque no se trata de una »rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder«, sino que porque las personas que dirigieron esa supuesta rebelión eran »sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma«.

«En un contexto de esa índole, es claro que la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura para el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos se iban a encontrar con la oposición de la fuerza legítima del Estado», señala la resolución.

Los jueces españoles hacen una comparativa con Alemania. Recuerdan que la justicia germana usó el ejemplo de un presidente de un land que declarara la independencia, pero que no llegaron a profundizar en el asunto porque «a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto, huyendo así del pantanoso ejemplo comparativo que tan adecuado y pertinente resultaba«.

«El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero muy probablemente en el caso de que se siguieran en su análisis argumental las reglas propias del discurso de la racionalidad comunicativa, su desenlace acabaría en la concesión de la euroorden», señala el Supremo, que incluye una dura reflexión para la justicia alemana: «si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein».

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se reunirá este miércoles y jueves en Ginebra (Suiza) con miembros de la ONU para «denunciar la vulneración de derechos fundamentales» por parte del Estado.

Según fuentes parlamentarias, el objetivo de Torrent es defender los derechos políticos de todos los diputados y «denunciar las injerencias ilegítimas del Estado» en el Parlament.

Torrent ha tomado esta decisión después de haber propuesto a tres candidatos a la investidura -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat)- y que ninguno de ellos haya podido ser elegido tras decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la Mesa del Parlament ha aprobado este martes seguir tramitando la reforma de la Ley de Presidencia que impulsa JxCat para que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia, sin que el candidato deba estar en el hemiciclo.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que la decisión se ha tomado con los votos de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara. JxCat y ERC han ido rechazando las sucesivas impugnaciones de la oposición; la última, una petición de reconsideración del PP descartada este mismo martes.

A petición de varios grupos de la oposición, la Mesa también envía la reforma de la ley -y las enmiendas que JxCat presentó después- al Consell de Garanties Estatutàries para que dictamine si respeta el Estatut y la Constitución. Otras fuentes parlamentarias han explicado que, como la ley se está tramitando por la vía de urgencia, ahora el Consell de Garanties tiene para pronunciarse 7 días hábiles desde que reciba la petición de dictamen.

Si el Consell -cuyos dictámenes no son vinculantes- toma en consideración la petición de dictamen este martes o este miércoles, su pronunciamiento debería estar listo para finales de la semana que viene. Cuando el Consell se pronuncie, se abrirá un periodo para que los grupos puedan presentar enmiendas para adaptar la norma a las eventuales consideraciones que haga este órgano.

Pese a que el candidato de JxCat a la Presidencia sigue siendo Jordi Sànchez, JxCat sigue contemplando investir a Carles Puigdemont pese a que esté en Berlín. JxCat siempre ha afirmado que cualquier investidura que no sea la de Puigdemont sería «provisional», es decir, que en algún momento de la legislatura quieren devolver al cargo al expresidente.

Al tramitarse por la vía de urgencia, la ley para investir a distancia a Puigdemont podría estar lista antes del 22 de mayo, que es cuando finaliza el plazo para formar Govern y evitar unas elecciones anticipadas. El principal obstáculo que podría encontrarse JxCat es que el Consell pusiera en duda la legalidad de la ley, y también que la oposición decidiera impugnarla ante el Tribunal Constitucional.