La Generalitat trabaja ya en el relevo de Torra ante su eventual inhabilitación

Hasta hace bien poco, el Govern se negaba a admitir que el presidente pueda ser apartado del cargo y acusaba a quien lo contemplara de «normalizar la represión». Pero ante la más que probable inminencia de la sentencia, el Gobierno catalán ha empezado a trabajar en el diseño del relevo. De entrada, ha encargado a sus servicios jurídicos un informe sobre cuál deber ser el itinerario legal del cese y cómo quedaría el Govern. En principio, el relevo lo asumiría el vicepresidente, Pere Aragonès, en forma de presidente interino, sin capacidad de convocar elecciones ni de aprobar proyectos de ley, como los presupuestos.

Pero aun con las funciones limitadas, el dirigente republicano ganaría protagonismo de cara a las elecciones. JxCat y ERC negocian ya el rol de Aragonès y también cómo será el final de la legislatura. Los republicanos reclaman que sea Torra quien convoque las elecciones justo antes de su cese, pero el presidente de la Generalitat se resiste a ello. Eso sí, los postconvergentes ya no se niegan a hablar y a consensuar una posible fecha electoral, aunque insistan en que la ciudadanía no pide ahora elecciones. Si no son capaces de pactar la fecha electoral, tras la condena podría transcurrir un periodo de unos cuatro meses hasta la celebración automática de los comicios, siempre y cuando no haya investidura de un candidato alternativo o no aparezcan bloqueos inesperados. Torra pidió expresamente que nadie presente un aspirante.

Lo que sí temen desde hace unas semanas los republicanos es que para evitar que Aragonès se lleve todos los focos durante la etapa de provisionalidad, el presidente de la Generalitat podría nombrar, antes de su inhabilitación, un vicepresidente o un conseller en cap de JxCat para dejar a ERC sin la presidencia interina. Los dos socios negocian la respuesta a la condena, una «respuesta de país», según la calificó Carles Puigdemont, que tendrá protestas en las calles (los CDR ya las preparan) y alguna resolución en la Cámara catalana.

La tensión es muy alta entre los dos socios, en plena pugna electoral. Discrepan en la estrategia a largo plazo y en buena parte de los frentes abiertos, como la mesa de diálogo, la negociación de los Presupuestos del Estado o la reforma del delito de sedición. Sobre la mesa, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, avisó ayer que la inhabilitación de Torra dificultará el diálogo y advirtió al Gobierno de que sin un orden del día que incluya la autodeterminación y la amnistía, no se sentarán a hablar.