AL TORO POR LOS CUERNOS

La principal sorpresa del mensaje que Mariano Rajoy dirigió a los españoles en medio de la tristeza general con que la sociedad había acogido al mediodía la afrenta de los independentistas, con presidentes del Govern y el Parlament, Puigdemont y Forcadella, al frente, fue el anuncio de que para salir lo más rápido posible de la situación creada por la aplicación del Artículo 155 – cuyas medidas más importantes desgranó – hoy mismo queda disuelto el Parlament y se convocan elecciones autonómicas el 21 de diciembre para que legalmente todos los catalanes puedan expresarse. Más rapidez en darles la palabra a los ciudadanos, imposible.

Los argumentos que justifican la intervención temporal de la Autonomía y la destitución de todos los dirigentes que en su beneficio violaron la Constitución y las leyes, empezando por los miembros del Govern, son abundantes, claros y contundentes. Sólo los fanáticos sectarios del secesionismo discreparán volviendo al mantra de sus mentiras, manipulación legislativa e intoxicación popular, podrán seguir enfatizando su sinrazón y falta de escrúpulos democráticos. No se suspende la autonomía, antes al contrario, se toman medidas en su defensa, ni se limitan las libertades políticas ni se amenaza a nadie que dentro de la Ley defienda sus ideas, todas legítimas.

Habrá que ver ahora la actitud que adoptan los secesionistas más exaltados y los dirigentes cuyos errores y ambiciones quizás les coloquen frente a la Justicia. Aunque son bastantes, están solos y cuanta más resistencia ofrezcan a volver a la normalidad del Estado de derecho será peor para ellos y para la sociedad catalana que también acabará pasándoles facturas. La aventura que han emprendido ha causado mucho mal a la convivencia, a la imagen del pueblo catalán y a la economía y el empleo.

Desde el Estado de derecho, cuya defensa ha unido circunstancialmente a los partidos que comparten los principios constitucionales, ha quedado patente que en política farsas y trampas de esta naturaleza no caben. La Constitución y el Estatuto de Autonomía, respaldados por la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, mantienen su vigencia, no son papel mojado para que cualquiera pueda desafiar sus principios e imponer a los demás sus propios deseos y ambiciones.