La tercera consulta sobre la independencia en cinco años

Una vez más, el independentismo plantea el derecho de autodeterminación como un pulso al Estado para que acabe sentándose en una mesa para negociar. Esa es la conclusión que extrae la sentencia del Supremo sobre los hechos de octubre de 2017. La de Torra, en cambio, es una propuesta que no cuenta ni siquiera con el aval de sus socios (Esquerra cree que ahora hace falta ampliar la base soberanista y trabajar para buscar una salida al pleito catalán) y casi nadie en el movimiento independentista reclama en estos momentos la repetición de un referéndum unilateral que ya se sabe los efectos políticos y penales que tiene. El clamor popular tampoco se lo pide.

Artur Mas sí se vio obligado, por su parte, a seguir adelante con la promesa de celebrar una consulta de 2014, que acabó mutando en proceso participativo ante la presión de la calle. Mas puso en marcha el 'procés' después de la negativa de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal. Introdujo el concepto de derecho a decidir, que le sirvió para tapar la corrupción y los recortes. Dio alas al independentismo civil y luego no supo o no quiso frenarlo.

La presencia de cientos de miles de personas (1,8 millones según la Guardia Urbana de Barcelona) en la manifestación de la Diada de 2014 empoderó a la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell, que no dudó, en presionar a Mas y dejarle claro lo que tenía que hacer, pues había sectores del soberanismo que temían que en el último momento se echara para atrás: «President, ponga las urnas».

La ANC, por primera vez, dictaba la agenda del presidente de la Generalitat. Dos semanas después de la Diada, Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta que tuvo una afluencia de 2,3 millones de votantes, en torno al 33% del censo. Al final de la jornada, el mandatario autonómico compareció y habló de «éxito total». El ministro de Justicia calificó el 9-N de «simulacro inútil y estéril».

Las circunstancias de la convocatoria del 1-O de 2017 fueron muy distintas. Carles Puigdemont, presidente desde enero 2016 tras el veto de la CUP a investir a Artur Mas, no pudo sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat. El exalcalde de Girona había prometido llegar a la independencia en 18 meses, después de la victoria de los grupos secesionistas en las elecciones del 27-S de 2015 que se habían vendido como el referéndum definitivo.

Ante la fragilidad de su ejecutivo, Puigdemont decidió someterse a una cuestión de confianza que pudo sacar adelante con el apoyo de la CUP con la propuesta de «referéndum o referéndum». Dobló la apuesta. Días después de la Diada de 2016, anunció que en el otoño de 2017 Cataluña celebraría un referéndum sobre la independencia. Este sí, dijeron en el Govern, sería vinculante. Un total de 2,3 millones de personas votaron en el referéndum del 1-O, declarado ilegal. «Nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente», declaró el hoy huido de la justicia tras la jornada. El 27-O, la Cámara catalana declaró la independencia.