Un teniente general retirado pide a Robles «girar el timón» del Gobierno

En una carta abierta, el ex oficial ha defendido la legalidad de la declaración difundida hace unas semanas -«no hallará nada inconstitucional», replica a Margarita Robles- y le ha pedido a la ministra que reconsidere su opinión en lugar de arremeter contra los firmantes, «que no tienen nada que ganar y sí mucho que perder, porque pierde España». Por lo tanto, sugiere a la titular de Defensa, «sería mejor dar un buen giro al timón y cambiar de rumbo».

Robles cargó ayer con dureza contra una «insignificante minoría que sólo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene, y que cuestiona irresponsablemente las bases de la convivencia en España». A ellos, señaló delante del Rey, «solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses».

La ministra añadió que «nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros ejércitos, con la plena conciencia y agradecimiento de la sociedad española».

El teniente general Pérez Alamán ya replicó el pasado 2 de diciembre a Robles en redes sociales, una vez que se difundió el envío de unas cartas al Rey y se conoció el chat privado de ex mandos del Ejército del Aire, al asegurar que «parece mentira que desconozca que tenemos derecho al uso de uniforme de por vida, incluso muertos muchos se entierran con él». «Tampoco olvide que defender a España no es tomar partido es un deber. Cumpla con él», respondió a Robles.

El manifiesto de diciembre pasado estaba encabezado por Pérez Alamán, quien fuera jefe del Mando de Canarias en 2005, el almirante José María Treviño y el teniente general Juan Antonio Álvarez Jiménez. En el documento expresaron su temor por el «deterioro de la democracia en España» y se desmarcaron del contenido ofensivo del chat de sus colegas del Aire. Sin embargo, admitieron compartir «las mismas inquietudes» que ellos y acusaron al Gobierno de aceptar «los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al Rey y los ataques a su efigie».

«Además de permitir violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas», bordear «la legislación vigente», buscar «el sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, incluida la Fiscal General del Estado», y tratar de «imponer un pensamiento único» con leyes como la de Memoria Democrática.

Agregaron que «como militares, que seguimos siendo aún en la situación de retirados, mantenemos activo el juramento que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso».