La tardanza de la Zarzuela en tomar medidas sobre el rey emérito inquieta al Gobierno

La Casa del Rey, sin embargo, mantiene un férreo silencio desde que trascendió el «regalo» de cien millones de dólares del rey Abdulá de Arabia Saudí en agosto de 2008 y la posterior «donación» de 65 millones de euros a su examiga Corinna Larsen. Aquellas informaciones fueron seguidas de un reguero de revelaciones sobre compras, ventas, transacciones y movimientos financieros opacos de todo tipo.

Un mutismo que contrasta con las cada vez más rotundas apelaciones de Pedro Sánchez y de la portavoz del Gobierno para que Felipe VI apague un incendio que amenaza con abrasar la institución. Pero nada. La Casa del Rey calla, aunque de puertas adentro haya un intenso intercambio de pareceres e informes entre los servicios jurídicos de la Moncloa y de la Zarzuela para encontrar una salida a la inédita y delicada situación.

El Gobierno está inquieto porque el deterioro, además de afectar a la Corona, pieza central del entramado institucional del país, se ha contagiado a la vida política. Es motivo de fricciones cada vez más tensas dentro de la coalición con Unidas Podemos, que ha dado rienda suelta a sus demandas republicanas con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al frente de las críticas. También ha contribuido a envenenar las relaciones con los socios de la investidura, que han planteado la creación en las últimas semanas de tres comisiones de investigación en el Congreso. Dos rechazadas, con el voto socialista en la Mesa de la Cámara, y la tercera en puertas de coger el camino del archivo.

Ese clima lastra la negociación de los Presupuestos, la joya política de la legislatura, y proporciona argumentos a la oposición para ahondar en las contradicciones de la enclenque mayoría gubernamental. Sánchez se vio impelido a salir al paso el lunes pasado para distinguir entre la estabilidad de la Corona como institución y la supuesta conducta irregular de Juan Carlos. Pero al mismo tiempo que diferenciaba los dos planos, animaba de nuevo a Felipe VI a «dar pasos» para zanjar la crisis.

Un tira y afloja que, según los expertos en los entresijos de la Zarzuela, ha minado las relaciones entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, que se mantienen dentro de la estricta normalidad institucional pero ha menoscabado la empatía entre ambos.

No debe de ser fácil hallar una salida a la delicada situación sin provocar un cisma en la Corona de consecuencias imprevisibles. Desde el entorno de Juan Carlos de Borbón se ha hecho saber que está dispuesto a abandonar la Zarzuela, donde tiene su residencia oficial a pesar de haber abdicado hace seis años. Incluso normalizaría sus obligaciones con Hacienda, algo que nunca ha hecho –según un informe de la Agencia Tributaria entregado a la Audiencia Nacional– por su fortuna oculta en Suiza y paraísos fiscales, y cuyo multimillonario montante se desconoce.

Por donde no pasa Juan Carlos de Borbón, de acuerdo a las fuentes de su círculo amistoso, es a la renuncia a su título real. Una medida que Felipe VI tiene sobre su mesa. El Rey busca una solución pactada pero el emérito no quiere emular a su padre, Juan de Borbón, que se quedó como conde de Barcelona.

El Gobierno, entretanto, quiere que se zanje cuanto antes la crisis, y que se haga con rotundidad y transparencia. Pero el Rey, tras concluir una gira por las 17 comunidades autónomas, se irá de vacaciones a Palma de Mallorca el seis o siete de agosto con doña Letizia y sus dos hijas.