El Supremo ha rechazado 28 querellas contra cargos aforados de Podemos

El listado de las causas especiales contra responsable de Podemos se dirigen en su mayoría contra Pablo Iglesias, ex secretario general, seguido de la ministra de Igualdad Irene Montero, el portavoz parlamentario y diputado Pablo Echenique, el exdirigente morado Íñigo Errejón o la también ministra Ione Bellara, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La primera querella se presentó en 2014 contra Iglesias por el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) por presunto blanqueo de capitales relativo a la financiación del partido. Fue inadmitida por la Sala Segunda con ponencia de su presidente, Manuel Marchena. El auto criticó la inclusión de recortes de prensa y especulaciones por parte del querellante, el Partido Socialista de la Justicia, y el magistrado cargó contra la autoría del documento policial, que carecía de membrete oficial.

A esta querella inicial se sumaron acciones de todo tipo y diferentes delitos presentadas por Manos Limpias, Vox (cuatro escritos), particulares como el dirigente de este partido Javier Ortega Smith en 2016 o el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su asociación instrumental, el exdirigente del PP Jaime Ignacio Del Burgo y colectivos de militares retirados o víctimas de la Covid-19.

El grueso de las querellas se registraron cuando los integrantes de Unidas Podemos entraron en el Gobierno de la mano del PSOE y se rechazaron sobre todo en 2020, coincidiendo con la pandemia. La última se ha conocido hoy. Se dirige contra la ministra Montero por un delito de malversación de caudales públicos. La presentó el particular Joaquín López de Gea por una campaña LGTBI del Ministerio de Igualdad y el magistrado ponente ha sido Miguel Colmenero, quien reprocha que se usen en exceso los tribunales para dirimir asuntos propios de la contienda política.

El listado de acciones penales archivadas o inadmitidas, todas las que se han presentado hasta la fecha a excepción de una contra Echenique que está pendiente de notificarse, contrasta con las graves acusaciones vertidas contra la Sala Segunda a raíz de la condena al ya exdiputado de la formación Alberto Rodríguez por un delito de atentado a la autoridad, que ha supuesto la pérdida de su escaño tras la ejecución de la pena por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

A las afirmaciones de que el tribunal juzgador ha presionado a Batet para que le quitaran el acta, pese a que «ambos sabían» que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia, se le sumaron las duras palabras la semana pasada de la ministra Ione Belarra. La dirigente de Podemos afirmó que su compañero «fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí» y que el objetivo final «era quitarle el escaño» en una actitud prevaricadora.

Estas menciones provocaron el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado viernes. La Comisión Permanente, por mayoría, denunció estos ataques injustificados y salió en apoyo de la honorabilidad de los integrantes de la Sala Segunda del Supremo.