El Supremo encausa a una senadora del PP por la trama 'Púnica'

En la misma exposición, Velasco exponía que Pilar Barreiro, ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en las redes sociales relativas a su participación en delitos de corrupción urbanística, se puso en contacto con el empresario Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de la ‘Púnica’, para que su compañía realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa.

Para la sala, los hechos más relevantes imputados a la aforada se refieren a la existencia de un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y de otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Respecto al primero, el juez de la Audiencia Nacional recogía en su exposición los indicios incriminatorios que revelaban que Pilar Barreiro asistió a reuniones donde germinó con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena, el plan defraudador, con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un diario digital a su servicio que costearía el consistorio subrepticiamente.

Sobre la existencia del diario y su finalidad, añadía que se refería a la intervención de correos que prueban indiciariamente que la senadora del PP conocía el diario digital utilizado para introducir noticias que le favoreciesen.

Según la exposición razonada, los datos incriminatorios obtenidos demuestran que la concertación llegó a ejecutarse mediante la adjudicación a la mercantil Madiva de un contrato menor que simulaba la contratación de publicidad institucional y el pago, por los responsables del dinero público, de las facturas que iban mes a mes presentándose al cobro bajo el concepto no real de “campaña de publicidad turismo de Cartagena”.

En Cartagena, explicaba el juez Velasco, la concertación para defraudar se tradujo, con el abuso por Pilar Barreiro de sus funciones al frente del Consistorio, en una lesión efectiva del patrimonio público al culminar el pacto fraudulento con la efectiva apropiación de los caudales destinados a la promoción turística (malversación de caudales públicos).

En relación con la concertación para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez daba cuenta de los indicios que revelaban que la aforada participó en la elaboración concordada de un nuevo plan criminal para que esta consejería sufragase subrepticiamente el gasto por los trabajos de reputación más completos que la empresa EICO iba a realizarle a ella, y al expresidente Pedro Antonio Sánchez, por la adjudicación de un contrato de cobertura, con el objeto simulado de “formación”.

En dicha exposición razonada, el juez afirmaba que Pilar Barreiro intervendría directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con la anuencia de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de su jefa, la apoyaron y encubrieron enmascarando el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de educación.