El Supremo envía al Tribunal Superior de Cataluña la causa contra Borràs

La dirigente de Junts siempre ha negado las imputaciones y las atribuye a una persecución política como consecuencias de su condición de líder secesionista. Borràs está investigada por haber adjudicado presuntamente a dedo una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros durante su etapa como directora de la Institución de las Letras catalanas. Fue el cargo que ocupó antes de que Quim Torra la reclutara como consejera de Cultura, desde donde se convirtió en cabeza de lista por JxCat en las generales. Borràs está imputada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por los que se enfrenta a una pena de quince años de cárcel.

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Cristian Reino

Su situación judicial estuvo en boca de todos antes de su elección como presidenta del Parlament. Especialmente por los grupos de la oposición, que recordaron un artículo del reglamento de la Cámara catalana que establece que si un diputado es procesado por una causa relacionada con la corrupción deberá ser acordada la «suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata». «Yo no he cometido ningún delito, lo digo y lo diré. Que nadie sufra por el artículo 25.4 porque Laura Borràs no se siente apelada», ha afirmado esta mañana en RTVE, antes de conocer la decisión del Supremo. Borràs maniobró al inicio de la legislatura para modificar ese punto del reglamento que podría afectarle si el TSJC llegara a decretar la apertura de juicio oral. «Que no respeta la presunción de inocencia es evidente. La Comisión del Reglamento es quien decidirá qué quiere o no modificar», ha advertido.