El Supremo deja sin títulos universitarios a la cúpula de la Policía y abre una grave crisis legal

La Dirección General de la Policía desconoce todavía el alcance que la sentencia podría tener. En principio, portavoces oficiales apunta a que el caso analizado por el Supremo afecta solo al comisario que reclamó, si bien otros responsables de Interior admiten que el fallo crea jurisprudencia y que, antes o después, no se podrá obviar para la generalidad de mandos que usaron ese atajo académico.

Cerca de 200 comisarios y inspectores de la Policía Nacional, sin titulación (diplomatura o licenciatura universitaria previa) consiguieron entre 2013 y 2015, y en cuestión de meses, el «grado universitario» que les exigía la Administración para poder optar a los puestos de más alta responsabilidad y sueldo en la institución gracias al cuestionado curso de la URJC, que fue diseñado ad hoc para esos agentes cuando un cambio legislativo en la época les obligó a ser universitarios.

Entre esos dos centenares de mandos, admiten fuentes del cuerpo, se encuentra buena parte de la actual cúpula policial. Se trata de comisarios y otros funcionarios de alto nivel con décadas de trayectoria profesional, entre los que hay nombres muy conocidos en el cuerpo, pero que hace cinco años no tenían un título universitario que les permitiera escalar hasta las más altas cotas del escalafón. Uno de los altos cargos afectados es el actual Comisario General de Información, Eugenio Pereiro, el máximo responsable de la lucha antiterrorista y hombre de confianza de Fernando Grande-Marlaska, quien propuso su nombramiento.

En los dos años académicos en los que estuvo vigente este supuesto atajo a un título universitario fueron decenas los comisarios e inspectores que consiguieron en un tiempo récord cumplir con los requisitos que fijó la Ley de Personal del Cuerpo de 2015 que, de un día para otro, exigió un «grado universitario» para mejorar en el escalafón. Ese grado, fue creado con el único objetivo de favorecer a los mandos policiales, que pudieron pasar del bachiller al título universitario en cuestión de meses. También fue un negocio para la universidad que se embolsó por la matrícula de cada carrera exprés 3.000 euros.

El Supremo desestima en su resolución un recurso de un comisario principal contra la decisión del Ministerio de Educación de acabar en 2015 con este grado, que para entonces ya se había convertido en un escándalo dentro y fuera de la institución. Un grado universitario que se cursaba en solo unos meses y «online», pero equivalente a efectos administrativos a una titulación universitaria de entre tres y cinco años de clases y exámenes presenciales y tutorías.

«Para que ese grado en Criminología fuese equivalente a una antigua diplomatura, debería haberse cursado en tres cursos completos con una carga lectiva de 180 créditos», algo que ni por asomo ocurrió. Se hizo en meses y solo con 60 créditos. «Ni por descontado equivale a un actual título de grado, que exige un total de 240 créditos», zanja el Alto Tribunal.