El Supremo acumula una veintena de denuncias y querellas contra el Gobierno por su gestión

Hasta el momento la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre si admite a trámite o archiva estas denuncias y querellas o si impone fianzas a quienes quieren ejercer como acusación popular. Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, los magistrados aún no ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si ve indicios de delitos en las actuaciones del Ejecutivo.

Cabe recordar que desde el inicio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, los juzgados y tribunales sólo realizan servicios esenciales y urgentes, tal y como declaró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que su funcionamiento está algo paralizado.

Una de las primeras acciones penales que se presentaron ante el Supremo fue la denuncia que interpuso el pasado 26 de marzo el abogado Víctor Valladares contra Sánchez por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio.

Precisamente, una juez de Madrid ya investiga al delegado del Gobierno José Manuel Franco por si hubiera recibido las alertas sanitarias y las hubiera obviado para permitir las movilizaciones en la capital. La recién creada asociación Afectados por la Gestión del Coronavirus ha pedido adherirse a esta denuncia, que también interpuso Valladares, y ha anunciado su intención de personarse en el Supremo si finalmente decide abrir causa.

Por otro lado, los magistrados de la Sala de lo Penal tienen también encima de la mesa otras querellas que responsabilizan al Gobierno de las muertes por la pandemia del Covid-19. Así lo han hecho once abogados que, en nombre de más de 3.000 familias, acusan a Sánchez y a todos sus ministros de haber cometido un «número no determinado aún de delitos de homicido por imprudencia grave» y les culpan de las muertes por el coronavirus.

Los letrados han anunciado que están estudiando si incluyen más delitos, así como si responsabilizan también al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.

También, el partido político Vox ha acudido al Supremo para querellarse contra el Gobierno por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad. Afirma la formación política que las más de 20.000 muertes por coronavirus se deben a una serie de «inacciones, omisiones, ocultaciones y de falta de previsión» por parte del Ejecutivo.

Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designados como autoridades delegadas en la crisis del coronavirus, son los miembros del Ejecutivo que más denuncias y querellas reúnen en el alto tribunal. La mayoría son interpuestas por colectivos de sanitarios y de policías por la falta de material de protección individual, pero también se han dirigido contra ellos plataformas de afectados que rechazan sus gestiones.

Una de ellas es la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19, que presentó a finales de marzo una denuncia contra Illa y contra los responsables del Gobierno implicados «por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país» tras publicarse en medios la adquisición de test defectuosos. Unos días después la plataforma decidió dirigirse también contra el ministro del Interior.

A esta se suma la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) --que tiene varios recursos pendientes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra decisiones del Ministerio de Sanidad adoptadas durante la pandemia--, que se ha querellado contra Salvador Illa después de que tuviera que ordenar a finales de abril la retirada inmediata de mascarillas del tipo FFP2, que fueron distribuidas en centros hospitalarios, al resultar ser defectuosas.

El CSIF también denunció al ministro por el reparto de mascarillas no homolagadas y por la falta de medios de prevención individual. Por esto mismo, el Consejo General de Enfermería de España también ha actuado contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento presentando una querella por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores por la falta de material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento de varios de ellos.

Una de las asociaciones más activas contra el Gobierno ha sido Abogados Cristianos, que ha presentado ya varias querellas. La primera fue a principios de abril por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación, por lo que solicitó que el Supremo ordenara al Ejecutivo a repartir de «inmediato» material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad«. Sin embargo, la Sala desestimó esta medida cautelar.

La asociación también ha llevado al Supremo al ministro del Interior por un presunto delito de prevaricación, uno de prohibición de culto y otro de interrupción de culto por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa.

Esta querella, que fue presentada el 17 de abril, se amplió el pasado 8 de mayo contra el presidente del Gobierno, al entender que impone su «ideología anticristiana» al no permitir en la fase 1 de la desescalada que se celebren actos religiosos en el exterior.

Debido a que el desconfinamiento ha comenzado en varios territorios de España, empiezan a entrar querellas sobre las decisiones que el Gobierno toma al respecto. Así lo ha hecho el abogado Luis Vericat contra Illa por presunto un delito de prevaricación administrativa por no pasar a toda la Comunidad Valenciana a la denominada fase 1 de la desescalada.

El presidente del Gobierno y sus ministros no serán los únicos responsables públicos que se pueden enfrentar a una causa penal en el Supremo por sus actuaciones durante el estado de alarma, pues la Sala de lo Penal también ha recibido otras querellas contra otros aforados.

Una de ellas es la que interpuso la asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del coronavirus.

Otra es la que el PSOE presentó contra la diputada de Vox Macarena Olona por acusar al Gobierno de practicar la eutanasia a los mayores que han muerto en las residencias geriátricas.