Solo dos indultos con el tribunal y el fiscal en contra

La ley obliga al Ejecutivo a solicitar un informe sobre la conducta del penado al jefe de la prisión donde cumple la condena, escuchar las recomendaciones del fiscal y pedir también un informe previo al tribunal sentenciador sobre si considera conveniente o no el indulto. En el caso de los líderes independentistas, tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio Público se han mostrado en contra de conceder esa medida de gracia a los doce políticos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia. Los magistrados que celebraron el juicio del 'procés' consideran que sería una «solución inaceptable» porque no existe «el más débil indicio de arrepentimiento» en los condenados.

Durante el segundo semestre de 2018, el Gobierno de Sánchez aprobó ocho indultos de los 2.139 expedientes remitidos por los tribunales sentenciadores. Según datos del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo indultó en 2019 a 39 personas, menos del 1% de las 2.061 solicitudes presentadas. Se rompió así una tendencia a la baja que se mantenía desde el 2012, cuando se otorgaron 501 indultos. Doce años antes, el Gobierno de José María Aznar llegó a indultar a 1.443 presos en un solo día amparándose en el 25 aniversario de la coronación de Juan Carlos I, el año jubilar y el cambio de milenio.

La emergencia sanitaria no impidió al Ejecutivo de coalición abrir el grifo de los indultos y el año pasado otorgó 28 medidas de gracia de 3.163 expedientes que llegaron al departamento que dirige Juan Carlos Campo, apenas un 1%. En lo que va de 2021, ya se ha concedido el perdón gubernamental para una veintena de personas, una cifra que duplica a la del mismo periodo del año anterior y que podría aumentar en breve si el Gobierno decide, como parece, dispensar la misma medida de gracia a los doce dirigentes soberanistas.

La inmensa mayoría de estos perdones se conceden a condenados por delitos menores, que nada tienen que ver con el tipo penal que afectan a los presos del 'procés' ni de lejos se acercan a las cuantías de las penas por las que fueron condenados. Los indultados en la era Sánchez corresponden a casos de insolvencia punible, robo con fuerza, con violencia e intimidación, hurto en grado de tentativa, falsedad documental, estafa o tráfico de drogas, entre otros delitos, que no suelen superar los tres años de condena.