Los socios aprietan al Gobierno para que cumpla la agenda legislativa pactada

Con la vacunación a buen ritmo y superada la embestida de la covid, los partidos que votaron a favor de la investidura del líder socialista apremian para que la Cámara baja recupere el pulso legislativo de antaño y aborde en el nuevo curso político las iniciativas que en algún momento comenzaron a tramitarse, pero que aún tienen su aprobación pendiente o que están paralizadas al prorrogarse los plazos de presentación de enmiendas. Ese es el caso de la reforma de la ley de secretos oficiales o de la derogación de la conocida como 'ley mordaza', que llevan más de un año a varadas en la Cámara.

En enero, el Congreso retomó el eterno debate sobre la ley de seguridad ciudadana al rechazar el veto presentado por el PP a la proposición de ley presentada por el PNV. Desde entonces hasta treinta veces ha prorrogado la Mesa el plazo de enmiendas. Los nacionalistas vascos llevan desde 2017 exigiendo, sin éxito, poner fin a los aspectos más lesivos de una norma aprobada en solitario por los populares en 2015, cuando gozaban de mayoría absoluta. También son los que más han insistido en cambiar la actual ley de secretos oficiales, la norma franquista aún vigente que permite tener bajo candado «aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación».

Su proposición en el Congreso estuvo a punto de salir adelante con numerosas enmiendas en la XII legislatura. Pero el empeño peneuvista ha sufrido 26 dilaciones de todo tipo hasta que en abril pasado el Gobierno tomó la iniciativa y anunció su propia reforma de la ley desplazando a la del PNV. En la Moncloa están ya manos a la obra para llevar cuanto antes el nuevo texto al Consejo de Ministros y que pueda así iniciar su recorrido parlamentario.

Los mimbres de la nueva ley pasan ahora por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en cuyas manos está también la renovación de los órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Para este cometido, la colaboración con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, será crucial, ya que los 88 votos de los conservadores son imprescindibles, sin su voto no se alcanza la mayoría de tres quintos necesaria para desbloquear su renovación.

También lo será para abordar la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en mayo para eliminar el término «disminuido» de su articulado y donde el concurso del PP es también necesario.

La nueva ley que regula el voto rogado para los residentes en el extranjero o la reforma del Código Penal para el delito de libertad de expresión, así como la ley sobre bebés robados o la mejora en la protección de huérfanos de violencia de género, son otras normas que deben seguir su curso parlamentario a partir de otoño. También lo harán la ley de memoria democrática, el primer paquete de la reforma de las pensiones y la ley del solo 'sí es sí', que vieron la luz el pasado julio en el Consejo de Ministros y que han puesto rumbo a la Cámara.

Los aliados, tanto Podemos como los nacionalistas, consideran la ley de memoria, impulsada por la exvicepresidenta Carmen Calvo, «poco ambiciosa». Esquerra, EH Bildu y Más País ya han avanzado que registrarán decenas de enmiendas en consonancia con las demandas de las víctimas. No corre mejor suerte la reforma de pensiones, una de las comprometidas con Bruselas, y en la que han mostrado su desacuerdo los grupos en el Pacto de Toledo.

Pero, sin duda, la cita clave en el Congreso llegará en octubre. Para entonces el Gobierno confía en haber forjado una mayoría que le permita sacar adelante los Presupuestos del Estado para el próximo año, con un techo de gasto récord para incorporar las nuevas ayudas europeas previstas. La antesala será la petición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al Parlamento de activar la llamada cláusula de escape para dejar en suspenso los objetivos de déficit de 2022, como ha permitido la Unión Europea.

Una vez que quede atada la legislatura y encauzado el reparto de los fondos europeos, el Gobierno impulsará su agenda progresista para visibilizar la nueva etapa que se abre. Sobre la mesa además de la ley de memoria, un proyecto de ley sobre la igualdad y contra la trata o actualizar la estrategia de salud mental.