Siete puntos de la 'ley mordaza' encienden a los policías

Se elimina de la ley la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización previa. Este punto levanta ampollas porque en la actualidad se vive uno de los momentos de más agresiones a uniformados, con casi una treintena de denuncias diarias. Los sindicatos de diversos cuerpos arguyen que la divulgación sin control de las imágenes de los funcionarios en la era de las redes sociales supone un «riesgo evidente» para los policías y sus familias, además de vulnerar su derecho a la intimidad.

El acuerdo de los dos partidos del Gobierno exige el uso de los medios menos lesivos, en clara referencia a evitar, cuando no prohibir, el uso de pelotas de goma en algaradas. Expertos, sindicatos y mandos coinciden que, por el momento, no hay en el mercado elementos que puedan sustituir a las pelotas con garantías. Las balas de foam como las usadas por los Mossos -arguyen- no tienen la misma capacidad disuasoria.

Escuece particularmente entre las fuerzas de seguridad la obligación de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto o la intervención policial. En el texto del PP, el detenido, tras las gestiones en comisaría, era liberado a las puertas de las dependencias policiales. Ahora, los funcionarios deberán de ejercer de chófer y llevar al sospechoso a su lugar de origen si finalmente no queda en los calabozos. Los funcionarios dicen que la nueva 'ley mordaza' les obliga a convertirse en «taxistas» de «juerguistas», «borrachos», «camorristas» o «simples indocumentados», lo que restará recursos a la seguridad pública, sobre todo en horas nocturnas, que es cuando más identificaciones en comisaría se realizan.

Las personas que se nieguen a ser identificadas podrán ser retenidas dos horas frente a las seis de la actual normativa. Denuncian los funcionarios que en buena parte de las actuaciones con esas dos horas no da tiempo siquiera al traslado a dependencias policiales, ya que los agentes, tras la detención del sospechoso, tienen que quedarse en la zona para tomar declaraciones. Ese plazo tan reducido obligaría a doblar las patrullas para agilizar los traslados. Los funcionarios dicen que esta nueva norma evidencia que los políticos desconocen «absolutamente los procedimientos policiales».

La no sanción de concentraciones o marchas «espontáneas», sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, es para los mandos policiales una «verdadera bomba relojería», ante la incapacidad de poder organizar despliegues policiales con anticipación. Explican los sindicatos y profesionales que no solo se va a poner en riesgo a los funcionarios a los que se obligue a intervenir de forma precipitada, sino que también se atentará contra las libertades del resto de los ciudadanos. La reforma apunta a que no habrá infracción siempre que «el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público». No obstante, los expertos de los servicios de Información están especialmente preocupados por esta reforma porque es una invitación a que los radicales se sumen a las protestas ante la falta de agentes. «Es imposible prever que una manifestación será pacífica o violenta», se lamentan mandos de Policía y Guardia Civil.

El atestado policial perderá la presunción de veracidad si los hecho cosignados por los agentes no resultan coherentes, lógicos o razonables. Para los funcionarios, esta reforma es directamente tanto como señalar la «presunción de culpabilidad» de los uniformados y esto generará «inseguridad jurídica» y reparos a intervenir en situaciones complejas.

Según los sindicatos, el hecho de que se tenga en cuenta la capacidad económica individual de cada persona para fijar la sanciones reducirá «drásticamente» la capacidad disuasoria de estas multas.