La justicia británica niega la inmunidad al rey emérito ante la demanda de Corinna

El juez rechaza el argumento de los abogados del emérito sobre su inmunidad como «soberano» y miembro de la Casa Real española al afirmar que, desde la abdicación de su padre, Felipe VI es el único jefe de Estado y monarca a quien la ley doméstica y convenios internacionales otorgan inmunidad absoluta sobre sus funciones públicas. Le niega también esa inmunidad para actos supuestamente delictivos desvinculados de su rol institucional anteriores a su renuncia al trono, en 2014.

Nicklin acepta la oferta del abogado de Corinna para que, en nombre de la claridad sobre la protección que da la ley a entes de los estados, su demanda no atribuya al general Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, intentos de mediación e intimidación en nombre del servicio de inteligencia, sino a título personal. En su demanda, Corinna, que entabló una relación íntima con el entonces rey de España en 2004, le acusa de acoso; de haber incitado seguimientos ilegales e intrusiones en sus viviendas en Mónaco y en Inglaterra por parte del servicio del CNI o sus contratistas; y de difamarla desde la ruptura de su amistad, en 2012.

La examante de Juan Carlos I denuncia que el acoso se agravó después de que ella rechazase sus peticiones de contraer matrimonio. El rey emérito le habría exigido entonces que le devolviese 65 millones de euros que le habría transferido desde Locum Foundation, un fondo registrado en Panamá y administrado en Suiza. El fondo fue creado con el regalo que el fallecido rey saudí Abdalá bin Abdelaziz habría entregado al emérito como presunta comisión por el contrato de construcción de una línea de tren de alta velocidad a cargo de un consorcio de empresas españolas. Corinna rechazó devolver el dinero o poner la cuenta a disposición de su examante por considerar que se trata legalmente de una «donación irrevocable».

En el texto de su demanda, la querellante describe llamadas telefónicas de Juan Carlos de Borbón, visitas y conversaciones intimidatorias de Sanz Roldán. También, intentos de corromper a su chófer y a su asistente personal, intercepción de comunicaciones electrónicas, presiones a sus dos hijos, descrédito en la prensa y entre sus amistades, y seguimientos continuos por hombres «bien vestidos y de apariencia mediterránea».

Corinna pide al tribunal medidas para impedir más acosos y la prohibición de que el rey emérito se comunique con ella, realice comentarios difamatorios o se sitúe a menos de 250 metros de sus residencias. Sin nombrar una cantidad específica, pide reparación por la pérdida de clientes de su consultoría como consecuencia de la difamación y por costes en los que ha incurrido para proteger su salud, su seguridad personal y la de sus hijos, abogados y asesores.

El juez Nicklin puntualiza que la demandante no ha presentado pruebas de lesiones físicas o psiquiátricas, por lo que su denuncia ha de ser por «aflicción como consecuencia del acoso» para que sea viable. Y advierte de que la defensa de Juan Carlos afirmó que tendría impedimentos para defenderse. El magistrado avanza que esas alegaciones -que se estudiarán, entre otras consecuencias de su decisión, en una nueva vista la próxima semana- podrían desembocar en una resolución sobre que el emérito no tendría un juicio justo.

La sentencia llega seis días antes de que los reyes Felipe VI y Letizia acudan en la Abadía de Westminster a la ceremonia religiosa en memoria del fallecido Duque de Edimburgo, marido de Isabel II. La Reina visitará más tarde, acompañada por el Príncipe de Gales, el castillo de Bishop Auckland en el norte de Inglaterra, que acoge la serie de 'Jacob y sus hijos' de Francisco de Zurbarán. Y también el museo de pintura española del Siglo de Oro, creado allí por el mecenas Jonathan Ruffer.

El Tribunal Superior es equivalente al Supremo español. Y en un caso con asuntos legales enjundiosos, podría abrir la puerta para que la parte perdedora presente solicitud de recurso al Tribunal Supremo inglés, la máxima estancia judicial del país.

El abogado de Corinna, Robin Rathmell, declaró tras su publicación que la sentencia «es muestra de que este demandado no puede escudarse tras su posición, poder o privilegios para esquivar esta demanda. Juan Carlos de Borbón y Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta como particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal».