Sánchez fuerza un cambio legal para que los progresistas dominen el Constitucional

La renovación del Constitucional se ha convertido en otro campo de batalla a varias bandas. Moncloa anunció la semana pasada que propondría para que formasen parte de este órgano a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa. En principio, estaba previsto que el CGPJ se reuniese el próximo día 22 para decidir los otros dos nombres que les corresponden elegir para el Constitucional. La sensación, en todo caso, era que el acuerdo parecía complicado por la falta de consenso.

Pero los acontecimientos se precipitaron con el anuncio de la modificación que promueven socialistas y morados en el Congreso para garantizar la renovación y lograr el cambio de mayorías en el Constitucional. De una mayoría de tres quintos en el CGPJ, se pasaría solo a necesitar una mayoría simple. Un «asalto a las instituciones» para los consejeros conservadores del órgano de gobierno de los jueces, según comentan fuentes de este sector mayoritario en el CGPJ.

El bloque conservador, que cuenta con ocho miembros fijos de los 18 vocales del CGPJ, mostró su rechazo por el cambio de las reglas del juego en plena negociación con el sector progresista, que ya ha designado a su candidato: el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, al que algunos no ven con buenos ojos por su cercanía el Ejecutivo.

Así las cosas, los vocales conservadores estudian ya sus propuestas con el objetivo de tener decidido un nombre al que votar la semana que viene. Se barajan tres candidatos y los tres forman parte del Supremo. Una de ellas es la magistrada Inés Huerta, de la Sala de lo Contencioso.

Según esas mismas fuentes, la reforma del artículo 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el nombramiento por parte del Pleno del CGPJ de dos magistrados del TC cuando la renovación del tribunal de garantías corresponde al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces (como sucede en la actualidad) «es una violación flagrante de la Constitución». «Saben que el día 22 (cuando está convocado un pleno para votar a los candidatos) vamos a votar, pero no a Bandrés». Ante esa perspectiva, subrayan, se ha optado por una fórmula «para que el Gobierno pueda elegir a tres de los cuatro candidatos», lo que tachan de «apropiación de las instituciones».

Sin embargo, desde la corriente progresista creen que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos es una «vía legítima» para que las Cortes ofrezcan una solución al actual bloqueo. A su juicio, lo «vergonzoso» sería que «nadie hiciera nada». Además, entienden que «lo razonable» ahora sería incluso esperar a celebrar cualquier votación a que la modificación legal sea una realidad. Por lo tanto, el conflicto está servido.

El Gobierno de coalición, en las voces de Patxi López y Jaume Asens, defendieron por separado la presentación de estas enmiendas, con un mismo tono vehemente, justificaciones similares y un argumentario parecido de ataques al Partido Popular. López recordó que la Constitución establece la fórmula de renovación de los órganos judiciales y también los tiempos y recriminó al PP que, «cada vez que está en la oposición, siempre hay problemas» para realizar los nombramientos y las renovaciones.

Acto seguido afirmó que «no hay precedentes de una situación tan grave» como la actual en la justicia, ya que, lanzó, los populares la tienen «secuestrada». A su vez, Asens defendió que la reforma propuesta busca «liberar al Tribunal Constitucional del chantaje del PP», a quien achacó «querer llegar a las elecciones secuestrando al CGPJ y al TC», lo que, esgrimió el portavoz de Unidas Podemos, constituye «el peor golpe a la democracia desde el 23-F».

Su homólogo socialista echó mano de las declaraciones de hace unos días del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que no renueva el Poder Judicial para protegerlo de Sánchez: «Esto es simplemente y radicalmente antidemocrático», adujo López, que tachó al PP de «antisistema» y de no tener «ninguna cultura d emocrática».

Para el socialista, las reformas propuestas, que marcan plazos precisos para que el Consejo General del Poder Judicial escoja a sus magistrados para el TC y que contempla incluso la asunción de responsabilidades de carácter penal en caso de incumplimiento, además de que el Gobierno pueda renovar sus plazas sin que lo haga de forma simultánea el órgano de gobierno de los jueces, quieren «garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional» y son «fórmulas» que «devuelven la normalidad» a la justicia.