El Gobierno no descarta ahora reformar el Código Penal para rebajar las penas por sedición

El jefe del Ejecutivo dejó abierta esa posibilidad ayer en TVE, en su primera entrevista desde que fue investido gracias a la abstención de la formación independentista. «Hay que ir paso a paso», dijo ante una pregunta expresa sobre esta cuestión. «Esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que -añadió, en alusión a lo que se ha puesto de manifiesto con las euroordenes contra Carles Puigdemont y otros procesados que se encuentran huidos- no tenemos delitos homologables a otros países europeos».

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistió en esta posibilidad este martes en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. La también ministra de Hacienda aseguró que el plan del Ejecutivo es afrontar con «amplitud de miras« la revisión del Código Penal para ajustarlo a la »realidad« y a la »actualidad« y, para ello, pretende »hablar mucho, dialogar mucho y concitar todo tipo de acuerdos«. También aclaró que la posible revisión del delito de sedición no forma parte del acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, de modo que no hay una unidad de voto predeterminada, sino que se intentará llegar a un acuerdo con todos los partidos, incluido el PP.

En caso de que, efectivamente, se llevara a cabo una reforma en la dirección mencionada, los reos del 'procés' se verían afectados de manera positiva puesto que en derecho existe un principio de «favorabilidad penal» que obliga a aplicar la normativa más beneficiosa a imputados, acusados o condenados. El asunto estará, casi con toda probabilidad, encima de la mesa cuando se ponga en marcha la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat pactada con Esquerra.

Lo que ya está claro es que ese foro no se reunirá antes de que acabe el mes, es decir, quince días después de la formación del Gobierno, como quedaba establecido en el acuerdo de investidura. Sánchez achacó el incumplimiento a la falta de unanimidad en el seno del Ejecutivo catalán y recordó que Quim Torra ha pedido celebrar primero un encuentro a dos, que él ahora está «encantado» de aceptar.

El jefe del Ejecutivo, que durante dos meses y especialmente en vísperas del 10-N, se negó a coger el teléfono al presidente de la Generalitat, anunció, de hecho, que le propondrá verse en la primera semana de febrero y no en el Palacio de la Moncloa sino en Barcelona, como gesto de distensión. También añadió, en un intento de evitar críticas y agravios, que es algo que está dispuesto a hacer con todos los presidentes autonómicos: desplazarse a las sedes de sus Gobiernos en una ronda de contactos que abrirá en los próximos meses

En cuanto a la eventual consulta también pactada con Esquerra, el líder del PSOE subrayó que lo que desea es que se vote «un acuerdo» y que «en ningún caso» ese acuerdo puede ser sobre cuestiones que «dividan» a los catalanes. «Nosotros -remarcó- defendemos el autonomismo». «En el marco del título VIII de la Constitución podemos encontrar la solución a la crisis política catalana», dijo tras expresar su deseo de que el independentismo abandone la vía unilateral.

Sánchez también aprovechó para matizar sus declaraciones sobre la necesidad de «desjudicializar» la gestión del «conflicto» y aseguró que no se trata de no aplicar la ley. «Estaría prevaricando», alegó. «Hay que devolver a la política lo que es político -añadió- y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo, lo que además supone someterle a una presión enorme, para dar una respuesta política que el tribunal no puede dar».

Al margen de Cataluña, el jefe del Ejecutivo también se refirió a otras cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado, que dijo querer tener aprobados «antes de que finalice el verano», un plazo mucho más largo del que se había anunciado inicialmente y que casi solaparía las cuentas de este año con el proyecto para 2021. Además, dejó en el aire una subida del Salario Mínimo Interprofesional para este año.