Sánchez salva el pulso en Europa y gana oxígeno para encauzar el plan anticrisis

El alivio que proporciona este logro, sobre el que el Gobierno hará pivotar ahora el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, se vio, sin embargo, empañado por el resultado de otra reunión: la que mantuvo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con los representantes de la plataforma convocante del paro de los transportistas, después de haber cerrado el jueves un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Las protestas, que ya encadenan trece días y han comprometido el funcionamiento de empresas de distintos sectores, continuarán.

En el Ejecutivo se palpaba este viernes, en todo caso, un claro contento. «A partir de hoy –resumió Sánchez en una comparecencia conjunta con el primer ministro portugués, António Costa– podremos poner en marcha medidas especiales, acotadas en el tiempo, para poder reducir precio de la electricidad a consumidores, industrias y empresas».

Conseguir que se reconocieran las especificidades de España y Portugal no fue, según aseguran en la Moncloa, sencillo.«Se está dejando la piel», resumían este viernes fuentes gubernamentales poco después de que trascendiera que el presidente se había levantado de la mesa y había forzado un receso para «airearse» y rebajar la tensión del encuentro. Su principal argumento fue que la Península es una «isla energética» que durante años se ha visto penalizada por su mínima interconexión con el resto de Europa (de apenas el 3%) y que ahora debía ser compensada. Acabó calando.

El acuerdo europeo siempre fue la principal carta del jefe del Ejecutivo. Pese a todas las presiones, de sus socios de coalición, de la oposición, de los aliados parlamentarios o de la CEOE; con las calles tomadas el domingo pasado por decenas de miles de agricultores, el paro de transportistas, el amarre de las flotas pesqueras... se resistió, hasta hace dos días, a tomar otras medidas para amortiguar el impacto del alza de los precios de la energía a la espera de se diera el visto bueno a la que consideraba la única medida realmente eficaz frente al problema.

Ahora, el Ejecutivo tendrá que trabajar contra el reloj para poder aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, como prometió el propio Sánchez, el real decreto ley que complementará a ese plan de desacople, que incluirá compensaciones a las empresas de ciclo combinado por la diferencia entre el precio de referencia que se establezca para el gas y el del mercado, y en el que se recogerán tanto medidas para los sectores económicos especialmente afectados por los elevados precios energéticos como para el conjunto de los ciudadanos. Tampoco es una tarea sencilla. Sobre todo, si el Gobierno de verdad pretende, como ha proclamado en las últimas semanas, alcanzar un «gran acuerdo de país» del que participen todas las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tiene intención de mantener en las próximas horas contactos telefónicos con todas las fuerzas políticas con las que ya se ha reunido en los últimos diez días para sondear propuestas. Pero, más allá de la complejidad de aunar posiciones tan dispares como las del PP y Esquerra Republicana, que aboga, por ejemplo, por recuperar el control público de las centrales hidroeléctricas, también afloran tensiones en el seno del Consejo de Ministros.

Las posiciones de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz ya se han hecho, no en vano, evidentes. La ministra de Trabajo quiere volver a prohibir lo despidos por causas objetivas como durante la pandemia. La de Economía lo rechaza.