Sánchez retoma las propuestas económicas aparcadas tras el final abrupto de la anterior legislatura

Las propuestas económicas de mayor calado han pasado por las cuestiones que centraron el interés social y político de los escasos 10 meses de la anterior legislatura, y que fueron plasmadas en un proyecto de Presupuestos para 2019 que finalmente no vio la luz y dio lugar a las elecciones: las pensiones, el empleo y la lucha contra el cambio climático. «Ahí es donde tenemos que situar a España», ha apuntado.

Pedro Sánchez ha instado a los diputados a la necesidad de «alumbrar un nuevo Pacto de Toledo que salvaguarde el sistema público de pensiones» en un contexto caracterizado por el aumento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y, con ello, la reducción del número de pensionistas por trabajador. El presidente en funciones ha enarbolado la reivindicación que el PSOE ha defendido en los últimos meses de legislatura, la actualización de las pensiones «conforme al IPC real» y la «eliminación del actual índice en vigor», que condiciona esas alzas a otras variables como el comportamiento de la economía y del empleo.

Para garantizar el sistema, Sánchez se ha comprometido a «la eliminación del déficit de la Seguridad Social en los cinco próximos años». Se trata del objetivo que el propio Gobierno ya había incluido en su Programa de Estabilidad, remitido a la Comisión Europea un día después de las elecciones generales, donde fijaba la estabilidad de la Seguridad Social para el año 2022. Solo para este ejercicio, el descuadre de las cuentas del sistema de pensiones superará los 16.000 millones de euros. Para ello, aboga por «seguir estudiando nuevas fórmulas de financiación», aunque no las ha concretado, como podría ser la aprobación de un impuesto específico o la separación de las fuentes de financiación.

Sánchez también ha puesto el foco en los cambios de la normativa laboral a través de una «actualización» del Estatuto de los Trabajadores que, como ha recordado, data de los años 80. El nuevo texto debe «blindar los derechos de los empleados y regular las nuevas relaciones laborales», al tiempo que debe ser «técnicamente solvente» para «dotar de seguridad jurídica» a trabajadores y empresarios. El candidato a la presidencia del Gobierno ha evitado proponer la supresión total de la reforma laboral de 2013, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero sí ha defendido «derogar los aspectos más lesivos» de esa normativa.

También ha prometido una nueva subida del salario mínimo (SMI) que podría alcanzar el 11% con respecto a los actuales 900 euros mensuales, en vigor desde enero. Pedro Sánchez revalorizará el SMI hasta que alcance «el 60% del valor del salario medio, como quiere la Carta Social Europea». Con los datos actuales, que indican un salario medio de 23.646 euros al año, según la última referencia del INE, el SMI anual se situaría en los 14.187 euros dentro de cuatro años, unos 100 euros más al mes que el actual, hasta por encima de los 1.000 euros.

Sánchez también ha prometido otras medidas laborales como la reordenación de las bonificaciones a la contratación; un plan de retorno a los jóvenes que se fueron al extranjero por falta de oportunidades en España en la crisis; una ley de igualdad en el mercado de trabajo; la transformación de las políticas activas de empleo; la simplificación de los subsidios de paro; otro plan director por el trabajo digno; o la equiparación de los derechos de los autónomos, que cotizarán «por sus ingresos reales», una de las medidas sobre las que el Gobierno ya ha negociado durante los últimos meses de la legislatura anterior.

El tercer gran eje de política económica del aspirante a presidente será la lucha contra el cambio climático. A la espera de la aprobación de la Ley de Transición Ecológica, Pedro Sánchez ha insistido en que España tiene «una asignatura pendiente» en fiscalidad medioambiental. Aunque no lo ha indicado directamente, sí ha dejado ver una subida de impuestos al diésel, como la que incluía el proyecto de Presupuestos del Estados para 2019. «No se trata de recaudar más, sino de desincentivar un modelo como el actual que tiene enormes costes» en salud.

Además, ha propuesto la aprobación de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo para que las grandes industrias puedan ver reducida su factura de la luz «a cambio de ser más eficientes y de crear empleo». Y como defensa de Madrid Central -el sistema que prohíbe la circulación de los coches más contaminantes en la almendra nuclear de la capital- ha retomado la idea de incluir en la ley la obligación de que las ciudades con más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones similar a la de la capital.

En materia de educación, ha propuesto a las formaciones políticas un pacto para destinar el 5% del PIB español a la inversión en educación «con independencia de la coyuntura económica y de los gobiernos de los años sucesivos». Además, aspira a «convertir a España en el primer país europeo que reconozca el derecho a la educación a lo largo de toda la vida», y seguirá trabajando en la redacción de una nueva ley de universidades «consensuada» con las comunidades autónomas y la comunidad educativa.

En cuanto a vivienda, ha planteado impulsar una ley estatal de vivienda con el objetivo de recoger su función social, evitar las situaciones de desamparo y regularla como servicio público. «Se van a adoptar medidas para afrontar las subidas abusivas de los alquileres», ha añadido sobre un asunto clave para Podemos, con el que mantiene abiertas las negociaciones para cerrar un Gobierno de coalición.