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El Gobierno tiene listo desde hace meses el plan para exhumar los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de Mingorrubio. Un operativo que guarda con celo y del que el ministro del Interior solo adelantó que ... se hará «sin sigilo, sin interferir en la vida de nadie» y sin dar «espectáculo». Fernando Grande-Marlaska no lo dijo, pero la discreción incluye la ausencia de medios informativos.
La idea que manejaban en la Moncloa hace unas semanas era proceder al traslado de madrugada y sin aviso previo, salvo a la familia y a los monjes benedictinos de la abadía en cuya cripta está enterrado el dictador desde 1975. El momento lo decidirá el Consejo de Ministros, que deberá aprobar un acuerdo para exhumar los restos. El presidente del Gobierno anunció ayer desde Nueva York que se hará «más pronto que tarde. En cuanto podamos». Pedro Sánchez no quiso comprometerse con fechas, pero está «muy, muy cerca» el momento de «retirar del espacio público un monumento a la dictadura franquista».
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En el Gobierno consideran que el procedimiento que tiene abierto el juez de lo Contenciso-Administrativo de Madrid José Yusty Bastarreche no impedirá la exhumación porque no es competente para tomar decisiones sobre las competencias del Consejo de Ministros. Yusty se niega a conceder la licencia de obra hasta que resuelva un recurso presentado en marzo por una persona afín a la familia Franco en contra del traslado. El juez, recusado sin éxito por la Abogacía del Estado por su trayectoria ultraderechista, lo admitió y paralizó el permiso concedido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al que pertenece el Valle de los Caídos. Alegó riesgos laborales para los operarios que tenían que levantar la losa de la tumba.
Fuentes jurídicas, en cambio, argumentan que el Gobierno deberá esperar a que Yusti resuelva el caso, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Madrid, algo que dilataría el procedimiento varios meses.
La Moncloa también tiene expedito el camino de la exhumación en la vertiente religiosa. Un portavoz del Vaticano señaló que la Santa Sede «no se opone» al traslado de los restos del dictador porque «así lo ha decidido la autoridad competente». Hasta ahora, había condicionado su visto bueno a que se resolvieran las cuestiones judiciales.
Más complicado lo tiene el Gobierno con la oposición. El líder del PP, que hasta ahora había guardado silencio, subrayó ayer que el PSOE «siempre» recurre a la exhumación en épocas electorales. Tras afirmar que él no invertiría «ni un euro» en desenterrar a Franco, Pablo Casado culpó al Gobierno de Sánchez de haber precipitado los recursos judiciales de la familia por su empecinamiento en llevar a cabo el traslado.
Pero las palabras más gruesas volvieron a correr por cuenta de Vox. Su secretario general, Javier Ortega-Smith, señaló que con la exhumación «se pone en tela de juicio la Transición, después vendrá la Monarquía, el sentimiento religioso y después vendrá la libertad».
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