Sánchez busca seducir a Esquerra y PDeCAT con más inversión en Cataluña

El cumplimento de esa previsión estatutaria supone un gesto político relevante. En primer lugar, porque la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut dejó claro que no podía considerarse en ningún caso un precepto «vinculante» para el Estado. Y, por otro lado, porque su vigencia era de siete años y ya han pasado doce y pico desde la aprobación del texto autonómico. Eso explica el entusiasmo con el que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, trató de anticipar la sorpresa el miércoles a su grupo parlamentario. «Con una sonrisa y optimismo os digo que todavía tendremos otro gran argumento a favor de la aprobación de los Presupuestos», exclamó.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, defendió ayer en Antena 3 que, lejos de ser una cesión, el guiño -ya anticipado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en una entrevista en 'El Periódico' el pasado octubre- es una medida destinada a «fortalecer nuestra democracia» porque supone «dar cumplimiento a una ley orgánica». Y además añadió que también se atenderán previsiones similares recogidas en Estatutos como el andaluz o el valenciano.

Hasta el lunes será difícil ver cómo se concreta esa promesa porque, aunque el Consejo de Ministros apruebe hoy el proyecto de Presupuestos, el cuadro territorializado sólo se hará público pasado el fin de semana. En su día, el exministro de Economía, Pedro Solbes, ya se quejó de lo imposible que era cuadrar el 'sudoku' si se atendía a esas exigencias de los estatutos de segunda generación en la que cada autonomía optó por servirse de los criterios más favorables a su situación. Esto es, mientras Cataluña apela al peso de su PIB sobre el PIB nacional, que es el mayor de España (a día de hoy ronda el 19,2%), Andalucía utiliza como referencia su población (que se acerca al 18% del total) y lo mismo hace la Comunidad Valenciana (cerca del 11%).

De cumplirse a las bravas lo estipulado en el Estatut, la inversión en Cataluña tendría que crecer en torno a seis puntos, dado que en las cuentas de 2018, diseñadas aún por el PP, supuso el 13,3% del total.

En septiembre, el Gobierno ya se comprometió con la Generalitat, por otro lado, a abonar -a lo largo de cuatro años- 750 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de José Montilla habían pactado invertir en Cataluña en 2008, en cumplimiento de la citada adicional tercera, y que finalmente no se consignaron en los Presupuestos. En 2017 una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón al Ejecutivo catalán y exigió su pago. La Comisión mixta Estado-Generalitat también llegó a un acuerdo por el que el Estado abonará, en el mismo plazo de cuatro años, 700 millones de euros para la financiación de los Mossos d'Esquadra.