Sánchez redobla la presión sobre los grupos para salvar la reforma laboral

El jefe del Ejecutivo volvió a pedir a Pablo Casado, como hizo en su última conversación con el líder del PP, que vote a favor o, como mínimo, se abstenga para facilitar la tramitación parlamentaria del decreto. Pero no lo tendrá porque los populares siguen inamovibles en el no. «Nosotros no buscamos lo menos malo, queremos lo mejor», argumentan en la dirección del partido.

En Génova recuerdan que Casado ya le propuso hace un año a Sánchez una alternativa para avanzar hacia la 'mochila austríaca', «algo que pide el Banco de España, que pedía Europa y que pedía la ministra Nadia Calviño hace dos años». «El problema –insisten–, lo tiene Sánchez». Así se lo recordó este sábado el propio Casado al presidente al que afeó que mire ahora hacia el PP cuando durante los nueve meses que ha durado la negociación no le ha dado «vela en este entierro». «Cuando Sánchez presume de creación de empleo es gracias a la reforma laboral del PP», remarcó el jefe de la oposición en un acto de campaña en Segovia.

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El Gobierno no se puede permitir un paso atrás en este asunto –comprometería la llegada de nuevos fondos procedentes de Bruselas– y negociarán contra reloj para que la reforma laboral salga adelante sí o sí, tal y como está acordado, y sin que patronal o sindicatos se descuelguen. En ese sentido, Esquerra Republicana de Catalunya volvió ayer a tender la mano al Ejecutivo si se tramita como proyecto de ley en la Cámara baja. «Aún estamos a tiempo para dar pasos más allá», urgió la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Los republicanos insisten en que solo así el Gobierno logrará «una amplia mayoría» en el Congreso con el respaldo de las «fuerzas soberanistas y de izquierdas». Pero el PSOE no está dispuesto a tocar el texto ante las amenazas de la CEOE de bajarse del acuerdo.

Una línea roja con la que tampoco comulga el PNV, cuyos seis diputados son pieza clave en la negociación de la reforma laboral. En el partido que lidera Andoni Ortuzar se muestran muy críticos con que la patronal dictamine qué se puede negociar en el Congreso y advierte de que no puede coger de «rehén» al Gobierno.