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Tras semanas de negar su viabilidad, Pedro Sánchez estudia alternativas a la implantación del estado de alarma para afrontar eventuales rebrotes de la Covid-19. No sería inmediato, porque el objetivo ahora es aprobar la quinta prórroga del confinamiento hasta finales de junio, pero ... después buscará un amplio consenso parlamentario para reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011 que permitirían restringir la libertad de movimientos de los ciudadanos en las áreas en que se detecten escaladas de contagios.
El plan B jurídico sin estado de alarma es una de las demandas que tanto Ciudadanos como el PNV han puesto sobre la mesa para apoyar la prórroga de las restricciones de libertades hasta el final de la desescalada. Pero no solo ellos, también Pablo Casado defiende esta alternativa que hasta ahora había sido desestimada por el presidente del Gobierno, aferrado al estado de alarma como única herramienta jurídica y constitucional para combatir la pandemia. La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha sondeado la disponibilidad de los grupos parlamentarios, incluido el PP, para encarar este cambio normativo.
«Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano, y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución (el que regula el estado de alarma)», anunció la número dos del Ejecutivo el miércoles en el Senado. El cambio exige un acuerdo amplio porque al ser normativa orgánica su reforma exige el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y el Senado. Para contar con esta herramienta legal a corto plazo, el trámite parlamentario debería ser por la vía de urgencia para su aprobación en dos o tres semanas.
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El nuevo marco jurídico implicaría la desaparición del mando único estatal para gestionar los posibles rebrotes de la pandemia y las comunidades autónomas serían las responsables de la adopción de medidas. El Gobierno central, en cambio, retendría el control de los instrumentos económicos y sociales (líneas de crédito, subsidios, medidas fiscales) para hacer frente a las secuelas de la crisis sanitaria.
Ciudadanos y el PNV plantearon este escenario en las negociaciones para apoyar la semana pasada la prórroga vigente del estado de alarma, y Sánchez ha atendido sus reclamaciones a fin de amarrar su colaboración para la nueva ampliación de las restricciones. En ese debate, el presidente del Gobierno tuvo que escuchar las críticas de casi todos los portavoces, aliados y de la oposición, a la excesiva prolongación del estado de alarma.
Pero Sánchez no solo busca la complicidad de liberales y nacionalistas, también persigue un cambio de Esquerra Republicana. Las delegaciones socialista y republicana que negociaron la investidura han vuelto a dialogar, tras meses de comunicación bajo mínimos. «Ellos saben lo que queremos, y se han comprometido a estudiarlo. Es un cambio», apuntó este jueves el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
El coronavirus en cifras
La formación independentista tiene una amplia lista de demandas, pero sobre todo quiere que se retome la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, congelada por la pandemia. Necesita anotarse ese tanto para robustecer sus expectativas electorales en Cataluña. Sánchez precisa, además de que los republicanos abandonen su postura beligerante hacia de estado de alarma, su colaboración para los Presupuestos de 2021. Un 'quid pro quo' que parece factible.
J. M. Camarero | Madrid
Pablo Iglesias defendió este jueves en el Senado su propuesta de aprobar una Tasa para la Reconstrucción, con la que las grandes fortunas realicen una aportación tributaria adicional para que el Estado puede hacer frente a la crisis. El vicepresidente del Gobierno justificó esa propuesta en lo que considera como un «consenso social» sobre que son necesarios este tipo de impuestos a las grandes fortunas porque «lo están deseando, no creo que a nadie le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal».
El Gobierno no se ha pronunciado sobre esa Tasa para la Reconstrucción y se ha limitado, por boca de su portavoz, María Jesús Montero, a indicar que es más partidario de modificar los impuestos en vigor. Por ahora, las dos figuras fiscales que se están tramitando en el Congreso son el impuesto a las transacciones financieras y la 'tasa Google'. La medida de Unidas Podemos gravaría a los patrimonios de más de un millón de euros con la primera vivienda exenta hasta 400.000 euros. Los cálculos del partido morado estiman que generaría una recaudación de unos 13.000 millones de euros al año.
Iglesias también expuso algunos detalles sobre otra de las medidas que ha impulsado: el ingreso mínimo vital. El vicepresidente anticipó que será «en los próximos días» cuando el Consejo de Ministros lo tenga sobre la mesa. También aclaró que se aprobará mediante un decreto ley y se cobrará «desde el mismo día de su aprobación». En la práctica será en junio, según aclaran fuentes gubernamentales.
El vicepresidente también indicó que mantiene el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno para promover un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores.
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